Seis años después de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, cientos de víctimas aún no han sido localizadas para ser informadas de sus derechos. El fatídico suceso registró 16 fallecidos y 355 heridos directos, a los que se suman unas 250 víctimas que ha encontrado la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (UAVAT). Lo detalla Robert Manrique, afectado por el atentado de Hipercor, que fue su asesor de la UAVAT y uno de los impulsores hasta que en mayo se disolvió.

Los atentados comportaron muchas víctimas más o menos directas, pero la mayoría de éstas todavía no son conscientes de ello porque se trasladaron a sus lugares de residencia después del brutal ataque y ninguna Administración ha contactado con ellas para darles el estatus de víctimas del terrorismo. La unidad señala que ni el Gobierno catalán ni, especialmente, el español han hecho nada para intentar localizar a las víctimas, y que la UAVAT ha trabajado en ello a pesar de los obstáculos que les ha puesto la Ley de protección de datos. "Seguimos haciendo el trabajo, no dejaremos a la gente tirada", asegura tenazmente Manrique.

Según indican, existe un paquete de víctimas de 123 personas que estaban en el sumario y no en la sentencia. También más de 50 personas afectadas de las que no constaba ningún informe sanitario en la sentencia de la Audiencia Nacional de 2021, es decir, que no se sabía su situación, por lo que resulta difícil valorar las secuelas. "El juez [Alfonso] Guevara hace constar absoluto abandono de las víctimas y el desastre de la instrucción", apunta.

Según los datos del Ministerio del Interior, de las 355 personas que figuran en los hechos probados de la sentencia, 216 han solicitado alguna ayuda o indemnización en el plazo de un año previsto, tramitándose uno o varios expedientes administrativos por cada persona afectada. De estas 216 personas, 132 obtuvieron indemnización y/o ayuda. Carecen de cifras exactas del número de contactados o pendientes de localizar.

En total, se han abonado 7.563.007,52 euros en concepto de indemnizaciones por daños personales y ayudas, correspondiendo al atentado de Barcelona un 83,03% del total. Un 54,17% corresponde a las indemnizaciones por muerte previstas y un 29,62% por lesiones no invalidantes e incapacidad temporal. Para el ex asesor de la unidad, se trata de cifras bajas si se comparan con el total de posibles víctimas.

Manrique critica que el Ministerio del Interior solamente trabaja con los datos de quienes han pedido indemnización. "Quien quiera algo que venga a vernos", asegura que le han dicho desde ese departamento en más de una ocasión. "Interior no ha hecho nada", espeta, apuntando que gracias a la labor de la UAVAT y los recursos gratuitos que hicieron, unas 80 personas fueron reconocidas. "Sin la sentencia firme no tienen reconocimiento, y no tienes derecho a nada", lamenta al mismo tiempo.

Insiste en que "falta gente" por encontrar: "¿Las que no lo han pedido no son víctimas?", pregunta retóricamente, señalando una "falta de información y asistencia abrumadora". Asegura que tan sólo hace dos meses le han dicho que tienen preparados los expedientes para informar a las víctimas cuando la sentencia sea firme, lo que -apunta- significa que no han realizado esta labor desde el ministerio.

Y es que la ley establece que, para solicitar el reconocimiento de víctima del terrorismo, el plazo es de un año desde el atentado o la consolidación de las lesiones. "Todas excepto dos víctimas dicen que hemos sido los primeros en encontrarlos", asegura en este sentido. "O no han cobrado o no les han informado de los derechos. ¿Saben que tienen estos derechos? ¿Podemos garantizar que el ministerio les han informado de los derechos? Ya te digo yo que no", añade.

La mayoría de las víctimas de los atentados de 17-A son extranjeras, lo que aún lo ha dificultado más. Manrique apunta que hay víctimas de al menos 30 países diferentes y que en 2019 se personó en 30 consultados de Barcelona para ponerse al servicio de las víctimas, y que sólo colaboraron Gran Bretaña, Japón y Argelia.

El exasesor de la UAVAT también carga contra las asociaciones de víctimas del terrorismo por "no buscar" víctimas de los atentados de Catalunya. Recuerda que algunas fueron acusación particular en el juicio, pero "únicamente una asociación ha atendido a una familia": "¿Para qué están?", pregunta enojado.

Pide celeridad a la Generalitat

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, se comprometió el pasado año, coincidiendo con la conmemoración del quinto aniversario de los atentados, a impulsar una ley catalana de atención a las víctimas del terrorismo. Catalunya tampoco cuenta con un protocolo de atención a las víctimas de atentados terroristas, pero aseguró que trabajaban para ello.

Tanto la ley como el protocolo, así como la reapertura de una oficina de atención a las víctimas del terrorismo (la primera se abrió en 2010), son reivindicaciones prácticamente históricas de Manrique, ya antes de los atentados del 17-A. "No solamente es Hipercor, Vic, Ernest Lluch y Ramblas. Hasta 28 bandas terroristas han actuado en Catalunya", apunta, señalando que son pocas las comunidades autónomas que no tienen normativa.

La también víctima del terrorismo insiste "por favor" en tener en marcha la oficina antes del 15 de noviembre: "Es vital, es urgente. No sé si estaremos preparados para asistir y ayuda a la gente". Y es que en esa fecha el juez Manuel Marchena revistará siete recursos de la primera sentencia. A partir de lo que decida, ésta ya será firme definitivamente. "Seis años y medio después se empezará a informar a las víctimas de sus derechos. Es una vergüenza", critica.

Muertes, víctimas y muchas heridas

El atentado en la Rambla de Barcelona y en Cambrils se produjo el 17 de agosto de 2017. En la capital se produjo un atropello masivo deliberado con una furgoneta, en la que murieron 15 personas en total, y que dejó más de cien heridos. El país continuó con el corazón en un puño en las horas posteriores, durante la búsqueda de los autores.

En Cambrils murió una mujer atropellada por un vehículo, donde también se abatieron los cinco terroristas ocupantes. No fue hasta el día 21 por la tarde cuando se abatió el último implicado directo en Subirats (Tarragona), el autor del atropello en la Rambla, que intentaba huir. El día previo murieron dos personas en un chalet de Alcanar (Tarragona) donde se almacenaban bombonas de butano, entre ellas el agente de radicalización de los terroristas, el imán de Ripoll (Girona).

Los atentados fueron reivindicados por Estado Islámico. La investigación apuntó que el objetivo final del grupo era realizar un ataque coordinado, en cadena o simultáneo, por atentar contra la Sagrada Familia, el Camp Nou y la torre Eiffel, pero la explosión en Alcanar pudo precipitar los hechos.

Tras el periplo judicial, la Audiencia Nacional condenó a 53 años y medio de cárcel a Mohamed Houli Chemlal, a 46 y medio a Driss Oukabir ya ocho a Said ben Iazza por su implicación en los atentados. Pero seis años después, algunas heridas siguen sin cicatrizar: muchos señalan a Ripoll, la localidad de parte de los jóvenes de la célula terrorista, y donde en las elecciones municipales del 28-M se impuso el partido antiinmigración Aliança Catalana, que gobierna en solitario.