Así será el examen para los dueños de perros con la nueva ley de bienestar animal

La ley de bienestar animal aprobada este jueves en el pleno del Congreso busca garantizar el bienestar y la protección de las mascotas como seres sintientes. La normativa ampara a la mayoría de animales domésticos y silvestres que viven en cautividad, a excepción de perros de caza u otros animales destinados para trabajos como salvamento o producción. Sin duda, la especie que mayor peso tiene dentro de la normativa son los perros, la mascota favorita en los hogares españoles. 

Una de las claves fundamentales de la ley es que impone la necesidad de acreditar un curso de formación para aquellas personas que quieran adquirir un perro. El curso será totalmente gratuito y su superación supondrá la vigencia indefinida de la titulación necesaria para la tenencia de este tipo de mascotas. 

Para aquellas personas que ya posean un perro en su potestad, la ley les obliga a realizar un test o una prueba junto a sus mascotas para valorar que ambos tienen las aptitudes necesarias para desenvolverse en el ámbito social. 

Además, los dueños de perros deberán contar y tener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que deberá incluir a las personas que sean responsables del animal. Dicho seguro deberá contar con un importe suficiente como para poder cubrir los gastos derivados por la responsabilidad de una mascota tal y como se contempla en la ley.

Se prohíbe la venta de perros en tienda

No solo se contemplan requisitos para poder ser responsable de un canino, sino que la normativa también contempla una nueva regulación de las actividades comerciales relacionadas con la compra/venta de animales. Así, se prohíbe la venta de mascotas en tienda y para abolir la cría masiva, se ha creado un Registro de Criadores de Compañía. 

La venta de perros en tienda o por parte de individuos que no aparezcan inscritos en el Registro será tipificado como delito muy grave. Dentro de la distinción de las sanciones que contempla la nueva normativa (leves, graves o muy graves), en estos casos el imputado deberá enfrentarse a una multa que oscilará entre los 50.001 y los 200.000 euros.