"La cosa está muy mal. Cada vez hay más gente viviendo en la calle", explica Pepe Fernández, del colectivo Mochila Solidaria, la organización que está dando cobertura en Zaragoza a la fundación del primer sindicato de sintecho del país. Se va a llamar Sindicato Personas Sin Hogar, y su principal objetivo es constituirse en interlocutor para negociar el uso de edificios vacíos para acoger a gente que sufre el sinhogarismo, un fenómeno de exclusión que se está intensificando con la crisis pandémica de manera paralela a la extensión de la pobreza.

"Jurídicamente vamos a hacerlo a través de Mochila Solidaria. Queremos ayudar a la gente que está en la calle, y para eso es mejor tener personalidad jurídica", anota Fernández. Eso, entre otros aspectos, les permitiría "tener ayuda del Banco de Alimentos y completar el reparto de comida que hacen la Cruz Roja y la Asociación Bocatas".

La primera de esas oenegés reparte alimentos entre los sintecho de la ciudad los lunes, miércoles y viernes, y la segunda, con la que colaboran cerca de un centenar de estudiantes como voluntarios, lo hace los martes y los jueves. "Alguien debería hacer esa labor los fines de semana", apunta Fernández.

Entre sus prioridades se incluyen otras dos: prestar asesoramiento jurídico a los sintecho, que en ocasiones tienen asuntos de distintos tipos pendientes en los tribunales, y "luchar por una vivienda digna para la gente sin hogar".

"Luchar por la vivienda para usarla con autogestión y cuidados"

"Queremos negociar para poder vivir en edificios sin uso, ya sea un bloque de viviendas de un banco, un convento abandonado por la Iglesia o una fábrica cerrada por una empresa, con modelos de autogestión", explica Fernández, que destaca la experiencia de la okupación del Hotel San Valero, propiedad de la Sareb, y cuyo desalojo ha dado lugar al Campamento Justicia con la acampada de una veintena de los afectados en la plaza del Pilar desde hace más de 260 días.

"El objetivo es luchar por la vivienda para usarla mediante la autogestión, con cuidados y con supervisión –resume Fernández–. La vida cambia mucho de tener un techo a no tenerlo".

La idea de constituir el Sindicato Personas Sin Hogar, en cuya puesta en marcha se están implicando una treintena de activistas, de miembros del redes ciudadanas y de integrantes de colectivos sociales, cobró impulso tras conocer la experiencia del Sindicat Sense Llar de Barcelona, que comenzó sus actividades a principios de marzo y que ya ha conseguido reunirse con representantes del Ayuntamiento. "El ejemplo de Barcelona nos ha venido muy bien, pero ellos no lo han constituido jurídicamente", explica Pepe Fernández.

"En Barcelona hay varios sindicatos combativos que no están reconocidos legalmente", explica Santi, uno de los portavoces del colectivo catalán, en el programa Con la casa en la mochila, de Radio Topo, en referencia a los de vendedores ambulantes. "Es importante que la gente que está en la calle tenga su propia voz y pueda pedir lo que necesita", apunta, ya que "la gente que está en la calle se está muriendo". "En Barcelona hay 4.700 personas viviendo en la calle, y durante la pandemia ha crecido un 22% el sinhogarismo", añade.

"Hay 300 personas viviendo en la calle"

También en Zaragoza el sinhogarismo ha arreciado con la pandemia. "Hay 300 personas en la calle, y mucha más gente en situaciones de infravivienda", señala Fernández, que llama la atención sobre cómo el comedor de la parroquia del Carmen atiende a más de 200 cada día, y la olla solidaria del Centro Social Comunitario Luis Buñuel a otras tantas.

Los sintecho no llegaban a un centenar antes de la pandemia en la capital aragonesa, pero ahora a los asentamientos estables de la pasarela de Tenerías, el parque Bruil, el embarcadero de Vadorrey o La Romareda se les han sumado otros campamentos en barrios como La Almozara. "Se meten donde pueden", anota Fernández.

Parte de esas personas sin hogar logran alimentos gracias a las redes de apoyo de los barrios, a las que se han sumado iniciativas como la del centro social, que cada día reparte dos centenares de raciones de verdura y legumbres con pasta o arroz que donan los comerciantes del Mercado Central y de tiendas del barrio de El Gancho y algunos vecinos y que cocina un grupo de voluntarios.

Más de 500 familias desalojadas pese a las moratorias

A los problemas económicos generados por la crisis asociada a la pandemia se les unen algunos específicos de Aragón, como la existencia de una bolsa de más de 10.000 personas que no acceden al IMV (Ingreso Mínimo Vital) tras haber quedado fuera del IAI (Ingreso Aragonés de Inserción), y otros de ámbito estatal, como la continuidad de los desahucios pese a las moratorias decretadas por el Gobierno.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, 516 familias aragonesas fueron desalojadas de sus viviendas entre los meses de abril y diciembre, 111 de ellas al ejecutar los bancos sus hipotecas y 405 por no poder pagar el alquiler a sus caseros.

El grueso de esos desahucios se produjeron en la ciudad de Zaragoza, los datos de cuyo ayuntamiento revelan un inquietante aumento de las situaciones de necesidad económica que llevó a tramitar 47.575 peticiones de ayudas de urgente necesidad de las que fueron concedidas 44.971, un 22,38% más que el año anterior, por 11,5 millones de euros. Para este año hay presupuestada una partida de 15,65 millones, la mayor de la historia.

La crisis habitacional repunta de nuevo

El grueso de esas ayudas fueron presentadas por familias que las necesitaban para poder comprar comida: 39.873 por un montante de 8,64 millones, con un crecimiento del 4,2% en el número de solicitudes que sigue aumentando con el cambio del año, ya que las 5.363 registradas en enero y febrero superan en un 39% a las de los mismos meses de 2019, los previos a la pandemia.

Pese a la moratoria de los desahucios por la crisis sanitaria, el consistorio llegó a atender 3.125 peticiones de ayudas urgentes para pagar alquileres que, con una media de 586 euros, sumaron 1,64 millones.

La evolución de esos datos anticipan un recrudecimiento de la crisis habitacional en la capital aragonesa tras el primer año pandémico, ya que, si bien su número se redujo el año pasado un 44,4% como consecuencia de esas moratorias, el año ha comenzado con un claro aumento de algo más del 9% al alcanzar las 886 peticiones en enero y febrero para cubrir las rentas de los arriendos frente a las 812 del mismo periodo del año pasado.