La tan reclamada "solidaridad" entre comunidades autónomas para el reparto de "menores extranjeros no acompañados", conocidos como menas por las siglas del término, no ha llegado a los 200. Tan solo 199 menores migrantes serán trasladados a otras regiones procedentes de las zonas que más de estos chicos y chicas reciben. Una cifra muy baja teniendo en cuenta que, según el censo del Ministerio del Interior, entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018, han llegado 4.835 menores más.

Así lo ha anunciado este viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministras que ha dado luz verde al Real Decreto para la "ayuda y atención solidaria a los menores extranjeros no acompañados". Una medida que llega con retraso después de que se retrasara en varias ocasiones el plazo que dio el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a las comunidades autónomas para ofrecerse voluntariamente a acoger menas de las regiones más afectadas, como Andalucía, Melilla o Catalunya. Tras meses de espera, la cifra de acogida solidaria apenas supera el 4% de los menores que han llegado durante el año. Si se compara con los más de 11.000 menores migrantes solos que actualmente hay en España según Interior, esta cifra de acogida ni siquiera llega al 2%.

El decreto, heredado por la actual ministra María Luisa Carcedo de la dimitida titular de Sanidad, Carmen Montón, ha desbloqueado una partida presupuestaria de 40 millones de euros para repartir entre las comunidades basándose en dos factores. Por un lado, el incremento de menas en la región entre finales del 2017 y el pasado 30 de septiembre, una cifra que no llega a los 7.500 euros por niño y de la que Andalucía, que ha incrementado su población de menas en 3.412, se queda la mayor parte: más de 25,5 millones de euros. Le siguen Euskadi, con un incremento de 275 niños migrantes y una cuota de 2,05 millones; Catalunya, que recibirá más de dos millones por su incremento de 269 menores migrantes; la Comunidad Valenciana, con cifras idénticas; Melilla, que recibe casi 1,3 millones por 173 niños; y Ceuta, que recibirá más de un millón por el incremento de 146 menores.

Por otra lado, las comunidades autónomas que ha accedido a acoger y tutelar a menores procedentes de estas regiones, recibirán además un incremento del 25% de la ayuda por cada uno de ellos, "en reconocimiento a la solidaridad mostrada", afirma la nota del Gobierno. Castilla y León (40), Extremadura (34) y Asturias (31) y Aragón (20) son las comunidades que se han comprometido a acoger más menores.

Tabla del reparto de los 40 millones para la acogida de menores extranjeros no acompañados.- MINISTERIO DE SANIDAD,CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

Además, se reservan dos millones de euros para cubrir los gastos derivados de la atención a los menores en las comunidades que puedan sufrir un "incremento estacional" a partir de septiembre, ha precisado el Gobierno, que destaca que es la primera vez que es la primera vez que el Ministerio con competencias sobre la infancia concede una subvención para la atención a los menores extranjeros no acompañados. Una medida que justifica en razones de "interés público, social y humanitario" para colaborar en el "esfuerzo" que realizan las regiones encargadas de la tutela de estos niños y niñas.

Por otra parte, queda pendiente la mejora del Protocolo Marco de actuaciones sobre menores extranjeros no acompañados, que data de 2014 y que el Gobierno se comprometió a modificar. Este viernes se celebra la Mesa de Coordinación Interterritorial sobre menas en la que está previsto abordar aspectos relacionados con el registro o la determinación de la edad, así como coordinar actuaciones entre las distintas autonomías.

Madrid se queda fuera del reparto de ayudas

Sólo hay dos comunidades autónomas que no recibirán fondos públicos de esta partida. La Rioja, que sólo cuenta con un menor extranjero acogido y no ha registrado aumentos, aunque el Gobierno rionano los cifra en seis. Y Madrid, donde según el Ministerio de Interior, tampoco ha aumentado el número de menores. Sin embargo, la situación de hacinamiento y precariedad total que sufren más de 130 menores en el único centro de primer acogida de la región ha sido denunciado por diferentes organizaciones, trabajadores y partidos de la oposición.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha criticado la "mala fe" del Gobierno central al no dar "ni un solo euro" a la región para atender a los menores extranjeros no acompañados y espera que "rectifique" esta "auténtica desfachatez". "Creo que hubo mala fe e intención de no dar ni un solo euro a Madrid", ha declarado a los medios. Según las cifras del Ministerio del Interior, en Madrid hay 407 menores migrantes solos, mientras que en 2017 había registrados 478 menas en todo el año.  "Es evidente que había error o hubo mala intención y seguramente la segunda, casi con total seguridad", ha insistido, el presidente madrileño, cuyo gobierno eliminó en los últimos años hasta 300 plazas para la acogida de estos menores, tal y como denuncian partidos como Podemos y la Fundación Raíces, que trabaja apoyando la integración de menores en riesgo de exclusión social.

No ha habido cambios en lo que se había ido avanzando de este largo parto que comenzó en verano tras las quejas de comunidades como Andalucía, Melilla o Ceuta, que llegaron a proponer la devolución de estos migrantes a sus países de orgien, sobre todo a Marruecos, país del que más niños y adolescentes llegan a España.

El problema de las cifras

El Real Decreto deja un sabor agridulce en las organizaciones que trabajan en la integración y bienestar de estos menores. Por un lado celebran que por fin el Gobierno tome cartas en un asunto que llevan denunciando años y que, con el aumento general de llegadas de migrantes, se ha dejado a miles de menores en nefastas condiciones por falta de recursos. Por otra parte, la escasa cifra de acogida solidaria de otras regiones ha defraudado a las ONG.

Lourdes Reyzálbal, de la madrileña Fundación Raíces, considera un gran error que Madrid quede fuera de este reparto. Pese a que se muestra crítica con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez no puede "negar la realidad de tantos niños y niñas que nos llegan solos también a Madrid". "Al final, como siempre, los chavales se convierten en moneda de cambio entre todos y se utiliza políticamente sus necesidades", lamenta. Para Reyzábal, hay un problema de cifras "evidente" porque se está contabilizando en base al Registro de Menores Extranjeros No Acompañados de la Brigada de Extranjería del Ministerio del Interior. "Sólo aporta el número de niños y niñas que han entrado por cada comunidad autónoma y que han sido identificados por la Policía y registrados como menores. Eso no quiere decir que estén siendo atendidos ni tutelados por esa región", apunta

Coincide en ella Javier Cuenca, director Save The Children en Andalucía. "Un menor atendido no significa que esté en un centro. Igual ha llegado, se ha indetificado y se ha marchado del recurso que se le asignó para continuar su proyecto migratorio en otra ciudad o en otro país, pero sigue contando como atendido en un región. Falta más coordinación entre comunidades autónomas y también del Gobierno para llevar unas cuentas ordenadas", apunta. Reyzábal añade que "lo primero que debería hacer es gfobierno es exigir a todas las comunidades autónomas que tutelen de manera inmediata a todos los niños y niñas que tienen en sus centros, también a los que tienen durmiendo en el suelo", como está ocurriendo en Barcelona, Madrid y numerosas ciudades de Andalucía por falta de espacio.

En cuanto a la escasa cantidad de menores que serán acogidos voluntariamente en otras regiones, Reyzábal considera que "refleja el poco interés y la poca solidaridad que hay para acoger a estos niños y niñas, entre otras cosas por la brutal criminalización que se hace de ellos y porque se les percibe como los intrusos en esta Europa Fortaleza".

Según el director de Save The Children en Andalucía insiste en que "cuando hablamos de estos menores estamos hablando, en primer lugar, de niños. Entren por donde entren, el Estado y las Comunidades Autónomos están obligados a protegerlos, tutelarlos y garantizar sus derechos", y considera que "si tan pocas regiones quieren a cogerlos es porque se está primando la imagen de inmigrante y extranjeros en sentido peyorativo más que la de menores a los que hay que proteger. Este tipo de discursos públicos hacer que la idea cale en parte de la sociedad", concluye.