Teresa Gomez-Limón viajaba en uno de los vagones del tren Alvia que el 24 de julio de 2013 se estrelló en la curva de A Grandeira, en Angrois, a pocos kilómetros de Santiago de Compostela (A Coruña). Murieron 80 personas y 145 resultaron heridas. Teresa cuenta que tras conocer lo que había ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo, apenas pudo dormir: “Volvieron los recuerdos, las imágenes tremendas de aquel día... Pero sobre todo, lo que sentí fue ira. Sí, ira, porque me identifico con las víctimas y me temo que sé lo que va a pasar ahora con ellas”.

Las víctimas del Alvia de Angrois y sus familias tuvieron que esperar nueve años para que se celebrara el juicio, cuya sentencia de primera instancia no se conoció hasta julio de 2024, cuando muchos afectados ya habían fallecido, algunos sin siquiera haber recibido la indemnización que les correspondía –las aseguradoras acabaron pagando más de diez millones de euros–. Por el camino, se enfrentaron a la Xunta de Alberto Núñez Feijóo y a los gobiernos de Mariano Rajoy, y luego a los de Pedro Sánchez, a los que acusan de haber mentido o silenciado la verdad para tapar las presuntas responsabilidades del caso, que afectaban tanto al PSOE –bajo cuyo mando se diseñó, construyó e inauguró la línea– como al PP –encargado de su gestión cuando ocurrió el accidente–.

"Ahora todo el mundo simulará tener un comportamiento ejemplar y se volcará con los afectados, pero yo ya no me fío”, sostiene Teresa, piscóloga forense de violencia de género y licenciada en ciencias de la información. Pasó un mes hospitalizada y otros ocho de baja por las heridas que sufrió en Angrois. Cuando ocurrió el siniestro era diputada autonómica del PP en la Asamblea de Madrid, y lo fue hasta 2015, aunque el último año lo pasó en el grupo mixto tras abandonar el partido en 2014. "Digo que no me fío", aclara, "no sólo por lo que nos ha pasado a nosotros, sino porque he visto cómo el maltrato institucional con los afectados, es decir las mentiras, el silencio y el desprecio, se ha repetido de manera casi idéntica en casos similares: el metro de Valencia, el Alvia, el Yak 42, el avión de Spanair... Como si existiera un protocolo para ningunear a las víctimas".

En mayo de 2014, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) emitió un dictamen que estableció que las causas del accidente fueron únicamente el exceso de velocidad y un despiste del maquinista, pero sin tener en cuenta los fallos de seguridad en la infraestructura ferroviaria, que denunciaban los daminificados –lo hicieron también a través del documental Frankestein 04155–, y que habrían permitido que el tren entrara a más de 190 por hora en una curva limitada a 80.

A través de la eurodiputada del BNG Ana Miranda, los afectados recurrieron al Parlamento Europeo y lograron que la Comisión Europea estudiara su petición y encargara una informe a la Agencia Ferroviaria Europea, que estudió el caso y concluyó que la CIAF no había actuado de manera independiente de Renfe, propietaria del tren, ni del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), gestor de la vía, a cuyos responsables se había exculpado. Bruselas abrió un procedimiento de infracción a España y ordenó repetir la investigación, lo que hasta la fecha no ha sucedido.

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"A raíz de toda aquella lucha y de aquellas denuncias logramos que se modificaran más de 80 normas sobre seguridad ferroviaria", explica Miranda, quien asegura comprender "el horror" que están pasando los afectados por el accidente de Adamuz. La eurodiputada espera que las administraciones hayan "aprendido las lecciones de Angrois" y advierte de dos requisitos para que no se ahonde en su dolor. "En primer lugar, a las víctimas hay que atenderlas, escucharlas y tenerlas en cuenta en el tiempo, no sólo ahora para darles el pésame y luego olvidarlas. Y en segundo término, tiene que haber una investigación realmente independiente que busque la verdad, y no otros intereses, para que nadie que haya visto destrozada su vida tenga que pasarse además diez años buscándola por su cuenta, como ocurrió con heridos y familiares de fallecidos en el accidente de 2013".

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Sobre esa investigación independiente, Teresa Gómez-Limón y otra víctima que ha preferido guardar su anonimato, alertan de que el actual presidente de la CIAF, el organismo que deberá investigar el siniestro de Córdoba, es Ignacio Barrón de Angoiti, exejecutivo de Renfe y quien estuvo al frente de la comisión técnico científica que creó el Gobierno de Mariano Rajoy para la tragedia de Angrois. En el currículum que ofrece en la web Ignacio Barrón Innovative Business, una consultora de su propiedad especializada en asuntos ferroviarios, el directivo detalla en su currículum que ingresó en Renfe en 1981 y que de su etapa en esa empresa estuvo "seis años como gerente de grandes terminales en Madrid, Chamartín y Atocha", y que "desde esta última estación participó en la puesta en funcionamiento de la primera línea de Alta Velocidad en España, Madrid-Sevilla" Es decir la misma en la que sucedió la tragedia del pasado domingo.

El 26 de julio de 2024, más de once años después del accidente de A Grandeira, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago condenó a dos años y medio de cárcel al maquinista del tren Francisco José Garzón, y a Andrés Cortabitarte, director de seguridad en la circulación de Adif. En su día, las víctimas denunciaron que este último había disfrutando de trato de favor en el procedimiento judicial y que la Abogacía del Estado, lejos de posicionarse para defender a los afectados, incluso había ocultado documentos para exculparlo, aleccionado testigos para que sostuvieran la versión que favorecía a Adif y condicionando los testimonios de los peritos en el mismo sentido. La Audiencia Provincial de A Coruña estudia más de cien recursos, y la plataforma Víctimas del Alvia ha recurrido al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos alegando que no tuvieron un juicio justo.

Los portavoces de esa organización declinaron este lunes hacer declaraciones públicas sobre lo acontecido en Adamuz, por respeto al dolor y al luto de las víctimas de esa tragedia. Consultados por Público, se remitieron al mensaje de solidaridad, apoyo y afecto para con los afectados de la localidad cordobesa que publicaron en sus redes sociales.