Las familias de las víctimas de los protocolos de Ayuso en las residencias de Madrid: "Si tienen conciencia, que digan la verdad"
Los abogados de los ex altos cargos del Ejecutivo madrileño han solicitado la suspensión de las declaraciones al alegar que no les han dado adecuado traslado de las actuaciones.

Madrid--Actualizado a
Los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid se han convertido en un escenario de memoria y reivindicación desde las 11 de la mañana de este lunes. Las familias de las 7.291 personas fallecidas en residencias madrileñas durante la pandemia se han concentrado frente a los tribunales para exigir lo que aún consideran pendiente: verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus allegados.
Convocadas por las asociaciones Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia, los familiares aguardaban la llegada de Carlos Mur de Víu y Francisco Javier Martínez Peromingo: el primero, firmante de los conocidos protocolos de la vergüenza; y el segundo, el considerado "ideólogo" de la decisión del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso de no hospitalizar a mayores con covid-19.
Finalmente, los abogados de los investigados han solicitado la suspensión de las declaraciones al alegar que no les han dado adecuado traslado de las actuaciones. También se ha suspendido la declaración de Antonio Burgueño, el exasesor sanitario del Gobierno de Ayuso durante la primera ola la pandemia y figura clave en la elaboración del 'Plan de Choque' ideado por la región para combatirla.

Cuando entraba en los juzgados rodeado de periodistas ante los que pretendía hacer una declaración, una mujer se aproximó a Burgueño con una fotografía y se dirigió a él en tono respetuoso pero firme: "¿No tienen nada que decir? Esta era mi madre, ustedes colaboraron en matarla".
"Dedúzcalo, usted es periodista"
El exasesor de Ayuso no contestó, pero sí balbuceó varias veces el comienzo de la frase que parecía traer preparada para la prensa –"En esta España..., en esta España..."–, mientras varias personas le gritaban "¡Vergüenza!, ¡vergüenza!". Al cuarto intento, Burgueño sí terminó: "En esta España, las víctimas y los ciudadanos estamos en el mismo sitio", espetó, aunque sin aclarar si se consideraba víctima, ciudadano o ambas cosas. Luego, respondió con un desplante y dándole la espalda a la corresponsal que le preguntó qué iba a declarar a la jueza: "Dedúzcalo, usted es periodista".
Carmen López, portavoz de Marea de Residencias y pariente de una de las víctimas de los protocolos, asegura a Público que las familias esperan "que por fin el proceso se abra el camino y que sea el recto, el de la justicia con mayúsculas". Para ella y para muchas de las familias que ocupan la entrada del juzgado, el de este lunes "es un paso adelante que nos abre una nueva vía y lo tomamos con esperanza". No obstante, López recalca también la palabra "cautela". "Cada paso que damos nos acerca más al objetivo final, pero no podemos ni queremos dejar de andar", insiste.
Carmen López, portavoz de Marea de Residencias: "Tienen una oportunidad de oro para saldar la deuda con la ciudadanía"
López reconoce que si estuviera delante de los tres ex altos cargos que les diría "que si alguno de ellos tiene conciencia intenten aliviarla llevándonos hacia la verdad y hacia los máximos responsables".
Además, opina que Mur fue "la cabeza de turco", que Peromingo tuvo "su premio por ese indigno papel", y que a la hija de Burgueño "ni siquiera llegaron a pagarle sus servicios". "Tienen una oportunidad de oro para saldar la deuda con la ciudadanía", concluye López.
"Que tiren de la manta y den más nombres"
Por su parte, María Jesús Valero, portavoz de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia, asegura que espera que la reapertura del proceso "se haga realidad": "Imputar ya es muy importante para las familias. Ahora tenemos que abogar porque digan la verdad. Esperamos que levanten la manta y que den más nombres, porque ellos solos no han realizado el protocolo: tiene que haber alguien en una posición más alta que la suya. Queremos saber la verdad, por qué decidieron hacer ese protocolo tan cruel", añade.
María Jesús Valero, portavoz de la Asociación 7.291 Verdad y Justicia: "Llevamos cinco años de duelo que no hemos podido cerrar"
Asimismo, insiste en que a las familias les "queda mucho camino". "No podemos anticiparnos a la decisión de la jueza. Que digan la verdad, que señalen, que no se carguen ellos solos con la imputación. Llevamos cinco años de duelo que no hemos podido cerrar, pero seguiremos hasta que no nos quede una vía judicial en este país", explica la portavoz, para anunciar que el día 1 de junio a las 12.00 horas celebrarán un homenaje a las víctimas en el Museo Reina Sofía.
Para Alberto Astarloa, portavoz de Amnistía Internacional (AI), su organización mantiene la esperanza en que la jueza "avance en la investigación de algo que AI ha constatado: se trata de una vulneración de derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud y a la vida". "Entendemos que [la imputación de Mur de Víu y Martínez Peromingo] es un avance importante, también que el elemento [delictivo] de discriminación por edad y discapacidad se haya abierto camino para hacer que efectiva esta investigación".


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