Desde el pasado 18 de enero, el Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado la barra libre que suponía la recarga de vehículos eléctricos en la vía pública. Esta acción, que hasta ahora era gratuita en los 500 puntos de conexión que dispone el consistorio en la capital catalana, a través de la empresa pública Barcelona Serveis Municipals (BSM), ha pasado a ser de pago.

Las tarifas que se han presentado varían en función del tipo de vehículo (coche o motocicleta), de si la carga se hace en los dispensadores energéticos ubicados en la calle o en un aparcamiento público, o si se lleva a cabo de día o de noche. Además, el precio también cambia en función de si el proceso de recarga es rápido o lento. Antes de este nuevo sistema, la carga doméstica costaba entre 1 y 2€ por cada cien kilómetros, mientras que en los puntos públicos ahora costará entre 3,6€ y 7,8€.

El Ayuntamiento de Barcelona ha planteado bonificaciones a colectivos profesionales y a usuarios habituales. Así, resulta más económico cargar el vehículo de noche y en un aparcamiento habilitado. El consistorio mantiene la gratuidad de la zona azul, en la que los coches eléctricos no pagan. Pese a esas supuestas ventajas, la decisión ya ha tenido las primeras críticas entre entidades tan aparentemente opuestas como Fecavem, la patronal de los vendedores, y la cooperativa Som Mobilitat. Ambas están de acuerdo en impulsar una tarifa de recarga, pero no de la forma que se ha hecho y con un precio tan elevado que desincentive la movilidad sostenible.

Desde el consistorio de la capital catalana, la concejala de Movilidad, Rosa Alarcón, justifica la iniciativa porque "la energía se paga y es necesario establecer el sistema para crecer en puntos de recarga públicos y privados". Añade que "si queremos aumentar la red de electrolineras, la única fórmula posible es implantar un pequeño pago". En una semana, según Alarcón, más de 200 ciudadanos han comprado el abono anual para aparcar y recargar su vehículo. Durante el primer año, su coste es de 25 euros. A partir del segundo, se incrementa hasta los 50 euros anuales.

El uso eficiente de la infraestructura

Con razones similares, BSM, la empresa municipal que gestiona los aparcamientos públicos donde se ubican las instalaciones, señala que el cambio "garantizará un uso eficiente de la infraestructura y cubrirá la inversión, que se destinará a mantener y hacer crecer la red de puntos de recarga". Un paso más allá va el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, quien precisa que "los precios debían dejar de ser gratuitos por ley y es necesario que estos sean competitivos para consolidar la llegada del vehículo eléctrico y que no se frene su expansión".

Este análisis lo rechazan la patronal de los vendedores, Fecavem, y el Gremio del Motor de Barcelona, que afirman sentirse "sorprendidos e indignados" por la medida. Las entidades lamentan que se aplique la tasa sin aviso previo y que "Barcelona se convierta en la única ciudad del Estado que ha emprendido la iniciativa, provocando que resulte igual de caro cargar electricidad que gasolina". El rechazo se produce además por ser "precisamente en un consistorio que quiere pregonar y abanderar la lucha contra el cambio climático".

El presidente de Fecavem, Jaume Roura, propone que el Ayuntamiento de Barcelona otorgue ayudas a los compradores de un vehículo eléctrico e incorpore otros nuevos a la flota de la ciudad, retirando los más antiguos. "Para avanzar en este camino, planteamos una reunión con la alcaldesa Ada Colau para concretar y presentarle el plan". Para incrementar la presencia de este tipo de movilidad por la calles de la capital catalana y que se pueda ejecutar una transición sostenible, Roura pide que se compatibilicen los derechos y obligaciones de los usuarios.

Energía a precio razonable

"Las nuevas tarifas penalizan la implantación de la movilidad porque el Ayuntamiento de Barcelona vende la energía a un precio tres veces más caro de lo que cuesta comprarla". Así se expresa el presidente de la cooperativa Som Mobilitat, Ricard Jornet. Al incrementar los costes, Jornet cree que el ahorro en combustible que se consigue con un vehículo eléctrico en relación a uno tradicional se acaba perdiendo. "La norma perjudica claramente a los vecinos de Barcelona que quieran tener su coche aparcado en las instalaciones de BSM".

Desde Som Mobilitat, igual que la patronal de los vendedores, están de acuerdo en que se cobre por la energía generada, pero no "a un importe desorbitado, sino a uno que cubra el coste y con un pequeño margen para el consistorio". Para la entidad, el fallo del modelo radica en las tarifas. Asimismo, Jornet alerta que si no se abona una cuota anual, al realizar un uso esporádico de los puntos de carga, "la tarifa todavía se dispara más". La propuesta de Som Mobilitat implica incentivar el uso de la movilidad sostenible compartida con un valor razonable de la energía, ya que consideran que el negocio real de BSM se tendría que dar solamente en el alquiler de las plazas de aparcamiento.

En defensa de la iniciativa ha salido la entidad Ecologistes en Acció. La organización valora como muy positiva la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de eliminar la gratuidad de la carga de vehículos eléctricos. En un comunicado, aplaude que "se suprima la discriminación que sufría la ciudadanía que se mueve por medios no motorizados, que ha de pagar sus desplazamientos, mientras que con dinero municipal se ha financiado gratis la movilidad de un medio de transporte considerado falsamente ecológico".

Aunque BSM ha anunciado que tiene previsto ampliar de forma progresiva la red de puntos de carga hasta el año 2024 en la calle y en los aparcamientos, el reto inmediato que se le presenta es lograr un consenso y adaptar las tarifas con un precio cercano al coste del mercado en el proceso de venta de la energía.

Hay que tener en cuenta que el año 2020 se cerró en Catalunya con un descenso del 28,82% en las matriculaciones de coches, un dato algo mejor de lo que preveían desde la patronal Fecavem y el Gremio del Motor. En total, se vendieron 108.831 turismos. El porcentaje de bajada es inferior al 32,3% del conjunto del Estado y se moduló con los datos del mes de diciembre, ya que algunos compradores avanzaron sus operaciones para evitar el aumento del Impuesto de Matriculación o el del CO2, que han llegado con el nuevo año, y la eliminación de los incentivos fiscales que suponían los planes de ayuda estatales Moves y Renove.

Menos contaminación

Por su parte y como contrapartida, un año excepcional como el pasado 2020 ha traído registros inéditos en los niveles de contaminación de la ciudad de Barcelona, a la baja. Los datos, aportados por el anuario del portal Contaminació Barcelona, muestran como las restricciones de movilidad y de la actividad económica para frenar la expansión de la pandemia de la covid-19 han hecho que el porcentaje de contaminación bajara un 28% en las estaciones de tráfico, situadas en puntos de mucha densidad circulatoria. De hecho, el informe arroja que, por primera vez en dos décadas, ninguna de las estaciones de medición ha superado los umbrales fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el caso de las estaciones de fondo, ubicadas en puntos con menos tráfico, la reducción del último año ha sido del 25%. El anuario de Contaminació Barcelona refleja que en las semanas más duras del confinamiento domiciliario de marzo de 2020, "el nivel de ruido disminuyó hasta los 4,9 decibelios, indicador que se sitúa por debajo de las recomendaciones de la OMS". El espejismo duró pocas semanas y con la llegada de la desescalada se recuperaron los valores habituales.

En sus estimaciones, el portal apunta que el nivel de tráfico en los días laborables de 2021 debería decrecer un 12% en relación a la época anterior a la pandemia para "garantizar que todas las estaciones se mantengan estructuralmente con una media anual por debajo de los niveles legales máximos establecidos en la UE por el dióxido de nitrógeno". Como ejemplo, Barcelona Contaminació indica que el tráfico medio registrado entre los meses de septiembre y diciembre está ligeramente por debajo de lo deseado para cumplir con este requerimiento.

Paralelamente, el portal observa como la pandemia ha provocado una crisis de confianza en el transporte público. El uso de la red ha se ha rebajado un 46% y para este año se prevé que siga haciéndolo entre un 20% y un 30%. Barcelona Contaminació advierte que el bajo nivel de utilización "pone en riesgo el sistema de transporte y las inversiones comprometidas para la mejora de la red". Como deberes al Ayuntamiento de Barcelona, la entidad insta a que este inicie un proceso participativo en el que se aborde la planificación específica contra la contaminación local y del ruido. En este caso, desde el portal se teme que la falta de estrategia municipal conlleve la pérdida de alguno de los logros obtenidos en estos dos ámbitos.