"Tenemos a tres chavales con heridas en la cabeza por las pedradas que lanzan desde fuera del centro. A los que salen a dar un paseo, hay grupos de vecinos que los increpan o los insultan. Hace unos días, a tres chavales que iban por el barrio los cogieron por la calle y les dieron una paliza". Ignacio Gutiérrez responde al teléfono en pleno ajetreo. No paran de llamarle medios de comunicación. Es el coordinador de centros de ayuda humanitaria que la Fundación Cruz Blanca gestiona para el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social en Gran Canaria, donde la tensión social entre algunos vecinos y las personas migrantes que llevan meses atrapadas en la isla ha dado paso a las agresiones y la persecución racista.

No hace ni un mes y medio que esta fundación de los Hermanos Franciscanos empezó a recibir y alojar a personas migrantes en las instalaciones que Migraciones ha habilitado en el antiguo Colegio León, en la barriada de El Lasso, en Las Palmas ; y asegura que ya han tenido que interponer cuatro denuncias ante la Policía por agresiones a los usuarios. "Esperaba cierto rechazo. Hablamos de una zona marginal, con problemas económicos y carencias, pero nunca hubiera esperado estos comportamientos tan violentos", afirma.

Actualmente, explica, acogen a más de 400 personas migrantes que han llegado en el último año en pateras y cayucos a la isla, epicentro de la oleada migratoria más intensa desde la crisis de los cayucos de 2006. "Hay de todo, desde chavales de 18 años recién cumplidos hasta personas de 50. La mayoría son de nacionalidad marroquí, que es el colectivo contra el que más se centran los ataques xenófobos", ilustra. Espera que la tensión vaya a menos, aunque es difícil saber si lo ocurrido en diferentes puntos de la isla ha llegado a su cénit o si la escalada de violencia, esa "caza del moro" que ha circulado en grupos de WhastApp durante las últimas semanas, no ha hecho más que empezar. "Son un grupo reducido de vecinos. Eso tiene que quedar claro. Pero cada vez es más numeroso. Si este clima sigue creciendo, el problema aquí va a ser bastante gordo", advierte Gutiérrez.

Este viejo colegio, encajonado entre colinas coronadas por grandes boques de viviendas sociales, fue cerrado hace años por falta de alumnos y, sobre todo, por el mal estado de sus instalaciones. La decisión del Gobierno de reacondicionarlo para improvisar un centro de acogida de migrantes ya levantó polémica en octubre, cuando un grupo de vecinos increpó al ministro José Luis Escrivá durante una visita oficial.

No todo el mundo entiende que no haya fondos para reabrir el colegio pero que, en cambio, sí los haya para convertirlo en un centro de acogida. Que falten recursos públicos para un vecindario históricamente azotado por el paro mientras se trabaja a contrarreloj para montar carpas, arreglar estancias y alojar a extranjeros. Si al cóctel se añade la pandemia, la crisis turística, los discursos políticos extremistas, inflamados y oportunistas y una nutrida y constante producción de bulos que acusan a los migrantes de cometer delitos y agresiones, el resultado no puede sorprender a nadie. Pero a Gutiérrez le sorprende, "porque la sociedad Canaria siempre ha sido abierta y también ha sido migrante", dice. Por eso quiere destacar que el clima no es ni parecido en los vecindarios cercanos a los otros dos centros que gestiona la Cruz Banca en la isla. 

Episodios como los descritos en El Lasso han sucedido en otras barriadas económicamente deprimidas de la isla, como Las Rehoyas, a diez kilómetros al norte, donde las pancartas con el lema "fuera moros" dan la bienvenida a la zona. También ha habido brotes xenófobos alentados por redes sociales en zonas turísticas del sur de la isla, donde el Gobierno ha alojado miles de personas rescatadas en el mar en hoteles vacíos ahora por la pandemia, como Mogán o San Bartolomé de Tirajana. Este fin de semana, grupos de vecinos han ignorado el toque de queda en distintos puntos de la isla para protestar contra el Gobierno y contra "la invasión" de los migrantes que, según relatan varios medios, derivó en violencia.

La fiscal jefe de Las Palmas, Beatriz Sánchez, ordenó este lunes la apertura de una investigación por posibles delitos de odio contra varios de los participantes en foros de WhatsApp en los que se ha intentado organizar estas batidas antimigrantes. La pasada semana se detuvo al autor de un vídeo en el que se grababa conduciendo mientras blandía un arma banca de grandes dimensiones y amenazaba con atacar a los marroquíes. La Policía ha tenido que desmentir una noticia falsa que hablaba de un asesinato a manos de migrantes mientras los rumores, amplificaciones interesadas de sucesos y los bulos siguen circulando y aumentando la sensación inseguridad a causa de la presión migratoria.

"Sensación de inseguridad"

"Lógicamente, el Gobierno de Canarias está preocupado. Es cierto que la seguridad ciudadana es un concepto en el que, muchas veces, es clave la percepción, y en estos momentos parece que hay una percepción de posible mayor inseguridad, por lo que creo que es absolutamente imprescindible que el delegado del Gobierno comparezca cuanto antes para que todos sepamos si realmente hay un aumento de esa inseguridad ciudadana", decía este lunes el presidente canario, Ángel Víctor Torres (PSOE).

La Delegación del Gobierno no ha informado de momento si se ha producido un repunte de la criminalidad ni si hay un refuerzo de la presencia policial para evitar este tipo de situaciones, aunque Gutiérrez asegura que hay más vigilancia desde hace días en el centro de acogida de El Lasso.

La tensión ya no se reduce solo a los centros de acogida o los hoteles. Tras un año en el que han llegado casi 24.000 personas migrantes, el Ministerio de Interior ha mantenido el bloqueo migratorio que exige Bruselas y se ha negado a derivar a plazas libres de acogida en la Península a los recién llegados, mientras en los recursos de las islas no cabía nadie más desde antes de verano. Una decisión criticada por numerosas ONG, incluso por sectores del Gobierno regional y nacional.

Una parte de ellos pudo salir de Canarias tras la eterna espera en el llamado "muelle de la vergüenza" de Arguineguín. En ferris o en vuelos regulares, con su pasaporte en la mano. Pero la polémica levantada por la derecha y la extrema derecha el pasado diciembre, acusando al Gobierno de fletar "vuelos patera secretos" con migrantes hacia la Península, ha llevado al departamento de Fernando Grande-Marlaska a aumentar la vigilancia policial en puertos y aeropuertos, cerrando la única válvula de escape de la olla a presión en la que se ha convertido Gran Canaria, cada vez más Lesbos; cada día más Lampedusa. Decenas de migrantes expulsados o, simplemente, hartos de una espera incierta y eternizada en los recursos de acogida viven ahora en las calles, entre las rocas, en playas o portales, explican diferentes fuentes, lo que no ayuda a desinflamar esa supuesta "sensación de inseguridad".

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (Nueva Canarias), habla abiertamente de "isla-cárcel" y ha alertado en una carta el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de que la "confrontación social" es más que posible.

Mientras tanto, los siete campamentos de emergencia que Migraciones anunció que pondría en marcha en las islas siguen sin estar operativos, salvo uno en Las Palmas y el citado Colegio León, donde sus residentes "no entienden tanto odio hacia ellos", explica el coordinador de Cruz Blanca. "Es un centro abierto, no podemos impedírselo, pero les recomendamos que no salgan o no se alejen mucho del centro para evitar agresiones", apunta Gutiérrez. 

"Basta de tirar piedras al interior del centro. Ya basta de recibir a nuestros nuevos vecinos al grito de terroristas. Ya basta de amenazas. Ya basta de agresiones. En definitiva, que ya basta de culpabilizar a los otros de nuestra disconformidad con las decisiones políticas que se están tomando", aseguraba esta ONG en un comunicado colgado en su web.