La pandemia de la covid-19 también está agudizando de forma indirecta algunos daños medioambientales asociados al consumo. Es el caso de las toallitas húmedas, cuya compra aumentó un 49% en marzo en España, según los datos de un estudio de mercado manejado por la organización ecologista internacional Greenpeace, que denuncia desde hace años los graves problemas que causan esos productos no biodegradables en el mar donde acaban convertidos en micropartículas plásticas. Y no sólo causan un mal a la fauna marina, también a los bolsillos de los ciudadanos.

La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) hizo un sondeo en la primera quincena de abril entre unos 300 municipios de diferentes tamaños, de costa e interior y de distintas comunidades autónomas, en los que contabilizó más de 4.000 incidencias, sobre todo atascos en la red de alcantarillado, causadas por toallitas húmedas arrojadas a los inodoros de las casas.

Esa cantidad de intervenciones supone un aumento aproximado del 7% con respecto a las incidencias que hubo en el mismo periodo del año anterior, según refleja esta asociación en el documento titulado 'El cumplimiento del derecho humano al agua y el saneamiento en situación de pandemia', que el lunes remitirá a Gobierno, Federación Española de Municipios y Provincias y comunidades autónomas.

Este incremento tiene una incidencia dispar, menor en las poblaciones de interior y con menos habitantes, donde en algunos casos apenas ha habido problemas, y mucho mayor en las áreas urbanas y de costa, como en municipios del Levante, donde han crecido un 10%, ó en el de Cádiz, donde han subido un 15% y su empresa de aguas asegura que de las 650 toneladas de residuos que retira al año de su red de alcantarillado, 450 son de toallitas húmedas no biodegradables.

Y todas esas incidencias que deben resolver los operarios de las empresas de abastecimiento y saneamiento se traducen en dinero. El mal uso de las toallitas tiradas al retrete como si fueran a desaparecer tras apretar el botón de la cisterna origina entre el 7 y el 12% de los costes que afrontan estas empresas en España por retiradas, reparaciones o sustituciones en su red de alcantarillado, cuyas tuberías y maquinaria pueden verse gravemente afectadas. Eso supone -calcula el gerente de AEOPAS, Luis Babiano- un gasto de unos 120 millones de euros al año que acaba repercutiendo en los recibos del agua que pagan los usuarios como parte del coste de los servicios que reciben.

"Es un desastre lo que está ocurriendo", advierte el portavoz de Greenpeace España Julio Barea. Su organización se llevó las manos a la cabeza cuando vio en un estudio de consumo de la empresa Nielsen sobre seguimiento de los efectos de la covid-19 que en la primera semana de marzo, cuando aún no se había decretado el estado de alarma, había aumentado un 49% la compra de toallitas corporales en los supermercados e hipermercados de España.

Ese dato era todo un mazazo para una entidad que lleva años denunciando los daños medioambientales que ocasionan las toallitas no biodegradables, hechas con microplásticos, en algunos casos con microfibras de celulosa, que, tras pasar por la red de alcantarillado y saneamiento, y provocar un sinfín de atascos, acaban en los ríos y en los mares donde tardan "más de cien años en degradarse en fragmentos aún más pequeños".

Centenares de especies marinas contaminadas

Según Greenpeace, unas 700 especies de organismos marinos están ya afectadas por la contaminación de los microplásticos que contienen, entre otros productos, las toallitas húmedas arrojadas a los inodoros de miles de viviendas. Y como consecuencia de ello, más de un millón de aves y más de 100.000 mamíferos marinos mueren cada año a causa de la ingesta de esos plásticos.

Lo peor, a juicio de Julio Barea, es que las toallitas no son productos esenciales y podrían ser fácilmente sustituidas por agua o papel higiénico, que resulta mucho menos dañino para el medio ambiente y no tiene efectos mortales para los seres vivos. Por esa razón, su organización considera necesario restringir al máximo y de forma inmediata su comercialización y evitar que acaben en la red de saneamiento antes de llegar al medio natural.

La asociación que representa a los operadores públicos del agua sostiene también que deben tomarse medidas normativas para exigir, por un lado, a los fabricantes que incluyan en el etiquetado de las toallitas una advertencia para que no sean arrojadas a los inodoros una vez utilizadas y precisando que no son biodegradables.

Y, por otro, para que se limite la venta de productos que contengan plástico tal como establece la directiva europea. "La ciudadanía está completamente desinformada sobre este producto –se lamenta Babiano- No creo que haya maldad en su mal uso, sino que falta información sobre qué hay que hacer con ellas una vez utilizadas".

A las consecuencias económicas y medioambientales del mal uso de estos productos higiénicos se han sumado ahora, además, los riesgos para la salud que acarrean en plena pandemia las labores de limpieza de las redes de alcantarillado de ciudades y pueblos y los colectores de las comunidades de vecinos. Aunque, según el gerente de Aeopas, el personal de sus empresas dispone del material de protección necesario y no ha sufrido contagios por este trabajo, sí se ve expuesto en mayor medida al riesgo de contraer la enfermedad del coronavirus debido al incremento de las incidencias en la red que debe solventar a causa de las toallitas húmedas.

Y no sólo es el personal de las operadoras de abastecimiento y saneamiento el que se ve expuesto a este riesgo durante la pandemia. También se encuentran en la misma situación los operarios particulares que acuden a las comunidades de vecinos a reparar los atascos ocasionados por las toallitas en los colectores, un gasto al que deben hacer frente los propietarios de esos inmuebles y que no está incluido en las estimaciones de Aeopas sobre los costes que origina el mal uso de estos productos.