El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado firme la sentencia que impone un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas y ha dado diez días de plazo a la Generalitat para que pida aclaraciones y los dos meses preceptivos para su ejecución.

En su resolución, la letrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC decreta la firmeza de la sentencia que el TSJC dictó en diciembre de 2020, una vez inadmitido en el Supremo el recurso de casación interpuesto por el Departamento de Educación de la Generalitat contra el fallo.

En concreto, la letrada de la Administración de Justicia de Catalunya insta a la  Generalitat a que respecto a la sentencia "la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo".  

La sentencia del TSJ de Catalunya fue dictada en diciembre de 2020 a raíz de un recurso presentado el mes de abril de 2015 por parte del Ministerio de Educación, dirigido entonces por José Ignacio Wert, del gobierno de Mariano Rajoy. 

Una vez alcanzada la firmeza, la Generalitat tiene 2 meses, tal y como establece el artículo 104 de la Ley Contencioso-Administrativo, para ejecutar la sentencia firme. Transcurrido ese plazo, cualquier de las partes puede instar a la ejecución forzosa. 

El Govern prevé hacer frente a la sentencia con la aplicación al conjunto de las escuelas catalanas del plan de refuerzo de la inmersión lingüística que anunció el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el pasado mes de diciembre. 

Dicho plan prevé aplicar la sentencia pero con un reforzamiento de las inspecciones en los centros educativos para garantizar "el cumplimiento de los proyectos lingüísticos vigentes", destacó Aragonès. 

Por su parte, el conseller de Educación, Josep González-Cambray, también anunció el aumento de docentes en las aulas afectadas por las sentencias de 25% de castellano; en ese momento anunció la medida en referencia a la escuela de Canet de Mar afectada por una sentencia particular. 

Una medida que debía trasladarse a la treintena de centros que hasta ahora tenían que impartir el 25% de las clases en castellano y que en el plazo de 10 días se tendrá que generalizar al conjunto de las escuelas catalanas una vez la sentencia es firme.

El Supremo había ratificado el 25% del castellano en las aulas catalanas el pasado 23 de noviembre, lo que desató una tormenta política y una reacción en cadena de los partidos y entidades que defienden el modelo de inmersión lingüística en catalán. El pasado 18 de diciembre, unas 35.000 personas se manifestaron en Barcelona para reclamar el mantenimiento de la escuela en catalán y para rechazar las sentencias judiciales que imponen el cupo de castellano. 

Los plazos de ejecución de la sentencia

El Departamento de Educació, según apuntan sus responsables, todavía podría pedir aclaraciones al tribunal en los diez dias establecidos. Dado que el procedimiento se inició con una ley de educación, la LOMCE, y ahora hay otra vigente, la LOMLOE, este elemento quizás podría modificar los plazos de la aplicación de la sentencia. 

Según ha explicado el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, lo que se ha producido este viernes es una notificación para que la Generalitat establezca qué órgano hará el seguimiento de la aplicación de la sentencia. Sería un paso más, pues, en la línea de lo que ya se supo el 30 noviembre con el pronunciamiento del Tribunal Supremo que hacía firme la sentencia de 2020 del TSJC, pero que al Departamento de Educación todavía no se le había notificado oficialmente. A partir de aquí se abre el periodo de dos meses para la ejecución de la decisión judicial.