La Associació Víctimes de la DANA 29 d’octubre 2024 y la Associació de Víctimes Mortals 29-O no se plantearán una hipotética reunión con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mientras no se exija que su antecesor en el cargo, Carlos Mazón, deje el acta de diputado.

En un comunicado conjunto este sábado, las dos asociaciones se muestran "absolutamente indignadas" con los mensajes y las conversaciones que la exconsellera e imputada en la causa penal de la DANA, Salomé Pradas, cruzó con Mazón y con su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, el pasado el 29 de octubre de 2024.

"Confirman aquello que durante un año se nos negó: sí tenían la información y conocían la alerta hidrológica; ocultaron o negaron la información de riesgo; Mazón fue informado y no actuó con la urgencia que exigía la situación, y sí, nos han mentido durante meses", han denunciado.

Critican la actitud "potencialmente letal" del jefe de Gabinete de Mazón y de las instrucciones de "calma" o de "no confinar" dadas en los mensajes conocidos este viernes, lo que, a su juicio, "frenó el envío de avisos masivos que podrían haber alertado a la población con tiempo". 

Los mensajes también demuestran, según las asociaciones, que "Mazón estaba informado y no modificó su agenda" y lamentan que se les haya estado "engañando durante un año".

"Es una infamia hacia las personas que murieron y hacia sus familias. No vamos a tolerar que se sigan encubriendo responsabilidades con eufemismos ni que se pretenda normalizar la negligencia", han advertido.

Por ello, han exigido el acta de diputado de Mazón y han asegurado que sin este paso, no pueden valorar una hipotética reunión con Pérez Llorca.

También reclaman una "ruptura absoluta con la narrativa de defensa del Consell mantenida durante este año", pues la sociedad "no acepta que durante un año se haya sostenido una versión oficial que las pruebas ahora desmienten".

Piden "la destitución política de todas las personas que han sostenido y repetido una explicación que las pruebas contradicen", entre las que incluyen a los consellers Susana Camarero, José Antonio Rovira y Miguel Barrachina.

Las asociaciones solicitan, además, que todas las personas citadas a declarar en la causa judicial abierta por la gestión de la DANA y los cargos implicados "colaboren sin reservas con la instrucción en curso y faciliten toda la documentación y acceso a dispositivos y registros que permitan esclarecer la cadena de decisiones del 29 de octubre".