El Gobierno redobla sus críticas contra Ferrovial por su traslado a Países Bajos con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusando a la constructora de haberse aprovechado del dinero público de los ERTE y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, tachándola de antipatriota. Unidas Podemos plantea, además, una iniciativa para que las empresas que se marchen del país y hayan recibido ayudas públicas devuelvan el dinero, mientras que la parte socialista del Ejecutivo insiste en que dé marcha atrás a su traslado. Por su parte, el Partido Popular culpa al Gobierno por sus políticas y el presidente de los empresarios pide que se respete a la compañía. En medio de la tormenta política, Ferrovial trata de tranquilizar los ánimos y asegura que seguirá pagando impuestos en España y mantendrá los puestos de trabajo. Pero tanto el Gobierno como la Comisión del Mercado de Valores van a analizar los argumentos de Ferrovial para justificar su marcha.

-Redacción-