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Violencia institucional Sara B. B., sobre la custodia de sus hijas: "No espero tener un juicio justo, sino una sentencia ejemplarizante"

El juicio que decidirá las medidas de custodia definitivas de sus hijas se celebra este viernes tras cuatro retrasos y más de cinco años de proceso judicial. 

Sara B. B.
Sara B. B. en Mérida. Cedida por S.B.B

Este viernes se celebrará en el juzgado de instrucción número 1 de Zafra (Badajoz) el juicio que deberá decidir las medidas de custodia definitivas de las hijas de Sara B. B. Un trámite que suele ocurrir habitualmente pocos meses después de la separación, pero que en este caso tiene lugar con cerca de cinco años de retraso y tres después de que este mismo juzgado diera la custodia provisional de las niñas a la expareja de Sara.

Este juicio es un capitulo más de una larga serie de despropósitos judiciales que han motivado la sanción de dos de las juezas implicadas por parte del Consejo General del Poder Judicial.

Desde que en marzo de 2018 un juez concediera la custodia de las menores a la expareja de Sara, esta madre ha sido acusada y condenada en dos instancias a cuatro años de prisión y a cuatro de inhabilitación para ejercer la patria potestad por haber sustraído a sus propias hijas, aunque no se ha ocultado ni cambiado su domicilio ni su puesto de trabajo. Hace más de dos años que Sara no puede ver ni comunicarse con sus hijas, aunque no pesa sobre ella ninguna orden de incomunicación ni de alejamiento, y la justicia decidió, también, entregar a la expareja de Sara la custodia de su hija menor, a pesar de que él no es legalmente su padre. Así lo explicó el Registro Civil de Badajoz en 2019 y lo ratificó en mayo pasado en un auto en el que afirma "no autorizar el reconocimiento" de la filiación y afirmando a las partes que contra este auto "no cabe recurso alguno". A pesar de esto, tres instancias judiciales ratificaron la entrega de la menor al hombre.

El juicio llega tras cuatro aplazamientos en los últimos tres años. El último se produjo el pasado mes de abril. El juzgado justificó el cambio debido a que la duración del mismo sería larga, pero tal como explicaron a Público fuentes jurídicas, esta justificación no está prevista en la ley y atenta contra el artículo 24 de la Constitución, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso publico "sin dilaciones indebidas".

La madre no confía en una decisión justa

"Viendo como han actuado hasta el momento me temo que me lo quiten todo. Como si no tuviera hijas. Les da lo mismo que estén bien o no, o que cada dos por tres estén en el médico. Necesitan a su madre y que yo esté con ellas". La madre se queja de que, a pesar de que las niñas han estado ingresadas, nunca se lo han comunicado, que sabe que su estado de salud no es bueno y tiene dificultades para acceder a los expedientes médicos porque su expareja las lleva centros privados, no a su medico de la sanidad pública.

Desde el entono de la madre intuyen que la sentencia establecerá que la guarda y custodia y la patria potestad será para él y que la sentencia puede estar escrita antes de que se celebre el juicio. Esto supone una "doble condena", afirman. Explican que aquí en ningún momento se ha mirando el bien superior de estas niñas a las que han cortado toda comunicación con la madre desde que hace más de dos años Sara fuera detenida por la policía por orden de una jueza de lo civil. Esto motivó dos sanción por la comisión disciplinaria del CGPJ contra dos juezas de primera instancia que actuaron en este caso. 

Desde entonces se cortó todo vínculo entre madre e hijas, a pesar de no tener orden de alejamiento ni de incomunicación. La madre explica que "no confía en que vaya a tener un juicio justo, sino una sentencia ejemplarizante como castigo". Un castigo que en el fondo será más duro si cabe para sus hijas. 

"Este debería ser un juicio normal y corriente, en el que se valore el bien superior de las niñas", explican desde el entorno de Sara, pero temen que sea otra forma de castigo hacia ella. Recuerdan que la condena por sustracción se tomó mientras aún están vigentes las medidas provisionales, cuando las niñas tenían tan sólo uno y tres años y que las medidas de custodia definitivas deben ser acordadas en el juicio de este viernes. El recurso de casación por la condena por sustracción de sus hijas está ya interpuesto en el Tribunal Supremo.

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