El hilo de Twitter que denuncia cómo el fondo buitre Blackstone chantajea al Gobierno y a los partidos políticos

Publicado el 28 de abril del 2019

Blackstone, el fondo buitre que más ha invertido en el sector inmobiliario en España durante el último lustro, ha paralizado la venta de todas aquellas viviendas de su propiedad gestionadas por la sociedad Testa. Un hecho que podría estar relacionado con el decreto aprobado el pasado 1 de marzo por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El decreto ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda modificaba varias normas, entre ellas la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para dar más protección a los inquilinos, que se aprobó pese al voto en contra del PP y Ciudadanos:

La Socimi Testa es la compañía líder en España en materia de gestión de viviendas en alquiler y cuenta con más de 11.000 apartamentos bajo su propiedad. Sin embargo, el gigante Blackstone se hizo con gran parte del capital de Testa tras ir comprando, desde el pasado año, las diferentes participaciones que bancos y grupos como Acciona mantenían con la Socimi. Una compra cuyo importe total supera los 2.000 millones de euros.

Pero la decisión de Blackstone de paralizar la actividad podría venir motivada por la aprobación de ese decreto que, a pesar de la negativa de PP y Cs, fue convalidado en el Congreso con el apoyo de Podemos y PNV.

Ahora, según denuncia el usuario en Twitter @Gil_JavierGil, un doctorado que forma parte del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, todas las viviendas anunciadas en la página web de Testa comparten un mismo cartel: 'No disponible'. Una actividad que, en principio, desde el banco de inversión podrían reanudar tras las elecciones de este 28-A, decisivas para el rumbo de un país que esta a la espera de qué se decidirá en las urnas. Quizá lo que están esperando desde Blackstone es la formación de un nuevo Gobierno que cambie el decreto aprobado por los socialistas y que, al parecer, no le ha hecho mucha gracia.

La propia sociedad ya advirtió, antes de la aprobación de la nueva ley que amplía hasta siete años el periodo de permanencia del inquilino en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, que se trata de un decreto discriminatorio y que podría traer consecuencias graves como, a su juicio, un incremento de precios. Así, desde Blackstone España, enviaban un comunicado en el que afirmaban que esta medida "discrimina sin razón alguna a los operadores profesionales del alquiler, con normas específicas para ellos y limitando sus garantías como arrendadores".

Un comunicado en el que, además, aprovechaban para solicitar al resto de partidos políticos que, de cara al futuro Gobierno, se tomaran cartas en el asunto: "Esperamos que el resto de grupos parlamentarios representados en las Cortes hagan un ejercicio de responsabilidad y apuesten por una legislación más positiva de cara a mejorar el funcionamiento del mercado", sentenciaba en el escrito el directivo de Blackstone en España. Un llamamiento que podría ser atendido por algunos partidos si se tiene en cuenta que este fondo estadounidense ha invertido en el sector inmobiliario español más de 22.000 millones de euros en los últimos cinco años.

A juicio de Javier Gil, la jugada de Blackstone es clara: "Está amenazando a los partidos políticos y demostrando lo que es capaz de hacer. Que si algún partido intenta quitar privilegios a los fondos buitre, estos van a reaccionar alterando el mercado, porque tienen poder para ello", afirma. Una acción que, según continúa, "amenaza la competencia del mercado pero también a la democracia en sí".

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