El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará hoy la propuesta de tres vocales de la mayoría conservadora de que el órgano de gobierno de los jueces adopte las medidas que considere pertinentes para que se cumpla la Ley de Banderas en los edificios judiciales del País Vasco.

El CGPJ no logró un acuerdo sobre este asunto en el último pleno celebrado el pasado 27 de febrero debido a la ausencia de siete vocales de la minoría progresista, quienes se marcharon de la sesión plenaria al estimar que no debía tratarse durante la campaña electoral.

El pasado 15 de febrero la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acordó dirigirse al CGPJ para que adoptara de manera urgente las medidas oportunas al objeto de hacer cumplir al departamento vasco de Justicia la legislación sobre la colocación de banderas.

Todo ello, a la vista de la negativa manifestada por el departamento de Justicia en la reunión de la Comisión Mixta Interinstitucional sobre la colocación de mástiles y banderas en los edificios judiciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Tras ello, los vocales de la mayoría conservadora Enrique López, Carlos Ríos y Juan Pablo González propusieron que el pleno adoptara las medidas que considerara pertinentes.

Por otra parte, el pleno del CGPJ previsiblemente rechazará la reclamación de indemnización por despido de la periodista Elisa Beni, mujer del magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que fue cesada el pasado mes de enero como directora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras publicar un libro sobre el juicio 11-M.

Beni pide al CGPJ más de 19.000 euros como reclamación previa a la vía judicial, solicitud que, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, será desestimada al considerar que no es la vía adecuada, ya que el cargo que ostentó la periodista era de confianza.

Además, el pleno verá la propuesta de la comisión disciplinaria de suspender de sus funciones durante un año por una falta muy grave al titular del juzgado de lo Social de Teruel, José Luis Eduardo Morales Ruiz, quien acumula 255 casos pendientes de sentencia.

También estudiarán la propuesta del vocal de la mayoría José Merino de inadmitir el recurso de la Asociación de Juristas en Defensa de la Lengua propia, contra la decisión de archivar una denuncia contra el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia, que no dejó expresarse en catalán a dos imputados por la quema de fotos del Rey en Girona.

En el orden del día además figuran los nombramientos de dos magistrados de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (TS), por el turno de juristas, y tres para la sala de lo militar de este tribunal.