Desde que el caso Gürtel explotó el 6 de febrero tras meses de sigilosa investigación policial, el fogonazo informativo ha deslumbrado casi a diario a la cúpula del PP, que, de inmediato, lanzó una campaña bélica contra el juez Baltasar Garzón. Pero, aun siendo el de mayor envergadura política, no es este el único que golpea a los conservadores. Si, en los años noventa, el PSOE se vio acorralado por una sucesión de escándalos, ahora la sombra de la corrupción extiende sus alas principalmente sobre los feudos conservadores en el litoral mediterráneo, en Canarias y en Baleares, donde el PP gobernó hasta 2007. El partido que en 1996 había llegado al Gobierno con la promesa de tolerancia cero con la corrupción, es el que mayor número de diligencias penales acapara.

Decenas de cargos públicos o de confianza bajo disciplina de la formación que dirige Mariano Rajoy están imputados por delitos como cohecho (soborno), evasión fiscal o tráfico de influencias. Un dato ilustra la situación: de los 16 alcaldes y ex alcaldes detenidos en toda España en los últimos tres años, siete pertenecen al PP y tres al PSOE.

Francisco Camps, presidente de la Copmunidad Valenciana, es el imputado de mayor rango. Le sigue José Manuel Soria, vicepresidente económico del Gobierno de Canarias, donde el PP es socio minoritario de Coalición Canaria, e imputado en el caso Salmón.

Al margen de Madrid, epicentro del terremoto Gürtel, los problemas del PP se concentran en cuatro de las comunidades donde el boom del ladrillo campó a sus anchas: Valencia, Murcia, Baleares y Canarias. En Baleares, en las listas de imputados abundan los ex altos cargos del Gobierno de Jaume Matas, entre ellos quien fue su conseller de Industria, Josep Juan Cardona, implicado en el caso Ordinas.

Murcia constituye un caso especial: con apenas 1,4 millones de habitantes censados, sobre al menos una docena de alcaldes en ejercicio pesa alguna imputación. Mayoritariamente, y en eso Murcia no es ninguna excepción pero sí el paradigma de las perversiones del urbanismo salvaje,las imputaciones tienen su origen en operaciones del ladrillo.
Castilla y León, dominio histórico del PP, puede verse incorporada a la lista por dos flancos: las más que sospechosas adjudicaciones de huertos solares, de las que se beneficiaron altos cargos del Gobierno de Juan Vicente Herrera; y, de nuevo, la trama Gürtel, algunas de cuyas empresas, como las del imputado José Luis Ulibarri, fueron objeto de adjudicaciones poco claras.

Sin duda, el mayor quebradero de cabeza para Mariano Rajoy y su equipo se localiza en Valencia. Los conservadores que militan a las órdenes de Camps ya modificaron en 2008 los estatutos del partido para blindar a Carlos Fabra, presidente de la Diputación Provincial de Castellón e imputado desde hace años por múltiples delitos que cubren casi la gama completa que el Código Penal dedica a la corrupción.

Blindaje estatutario

El blindaje se produjo en forma de cláusula: la suspensión automática de militancia se producirá, dice el texto, cuando haya “condena firme”, lo que significa, por ejemplo, que, dada la lentitud de los diversos procedimientos que le afectan, Fabra puede seguir dirigiendo la Diputación de Castellón hasta bien entrada la próxima década. A escala estatal, el partido también hizo suya esa cláusula en su congreso de junio.

Pese al blindaje reseñado, la realidad ha desbordado al PP, que ha optado por aplicar mano dura... selectivamente. Por ejemplo, en Baleares, el partido expulsó al ex teniente de alcalde de Palma Rodrigo de Santos, acusado de gastar dinero público en locales de alterne. Y en Murcia ha pedido –sin éxito– la dimisión del alcalde de Librilla, pero no la del de Águilas, imputado en el caso La Zerrichera, el que mayor resonancia pública ha tenido hasta la fecha de todos los registrados en la región.

Esa selectividad en la exigencia de responsabilidades se ha hecho especialmente evidente en el caso Gürtel, pero no sólo. En las municipales de 2007, el PP revalidó a distintos alcaldes que ya estaban imputados. Por ejemplo, al de Alhaurín el Grande (Málaga), en libertad bajo fianza de 100.000 euros, y cuya campaña de descrédito policial secundó.