No hay fecha para la sentencia del Estatut en el Tribunal Constitucional. El 28 de septiembre se cumplían tres años desde que el Alto Tribunal admitió el recurso del PP contra el marco que tras una larga, costosa y tensa negociación los catalanes votaron en referéndum. Su recurso sobre 120 artículos es el de más enjundia. Pero los diez jueces (de los doce preceptivos uno murió Roberto García Calvo y otro está recusado Pablo Pérez Tremps) estudian otros del Defensor del Pueblo y de hasta cinco autonomías.

En tres años se han sucedido rumores y filtraciones sobre la fecha de la sentencia (la presidenta del TC María Emilia Casas comprometió dictarla este mes) y su alcance. Los magistrados buscan sino la unanimidad un amplio consenso y ello, sumado a las presiones, dilata los trabajos y enrarece el ambiente en la calle Domenico Scarlatti de Madrid, sede del TC. El tripartito y CiU han asumido que la sentencia será adversa y se preparan para un fallo que más que recortar el texto lo interprete a la baja. El Gobierno central pide confianza y calma pero también acatar el fallo. Hoy la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega reiterará la demanda en persona a José Montilla en una reunión en la Generalitat.

Chaves, Blanco y la perseverancia de Montilla aceleraron los traspasos

Pero Montilla ha evidenciado que no se quedará de brazos cruzados, más si la sentencia es dura y ve la luz a poco de las elecciones catalanas, previstas para noviembre de 2010. El desencuentro institucional puede ser, una vez más, profundo y la relación PSOE-PSC volver a tambalear cuando más poder acumula el socialismo en Catalunya.

La consigna es desplegar el Estatut. Y a tenor de los resultados, las exigencias de Montilla y sus socios (ERC e ICV son el brazo armado del Govern en Madrid y llegan adonde el PSC sólo amaga sin golpear) funcionan. Pero no menos decisivo ha sido el cambio en la otra parte. Zapatero guardó en el cajón la cicatería con la agenda catalana. La crisis de Gobierno de abril fue clave en el despliegue a raíz de la asunción de la manija autonómica, con rango de vicepresidente, por Manuel Chaves y la llegada de José Blanco a Fomento.

El tripartito quiere desplegar ya lo que el TC amenaza para evitar la vuelta atrás

El clima mejoró y se cerraron cuatro traspasos importantes encallados: Cercanías de Renfe, Inspección de Trabajo, autorizaciones iniciales de trabajo que el gobierno de Esperanza Aguirre ha impugnado y gestión del litoral. Junto a ellos otros menores que también suman como la asignación del ISBN de los libros, la declaración de utilidad pública de las asociaciones, la homologación de títulos extranjeros, las comunicaciones electrónicas o el control de notarías y registros. Y en el camino (con ponencia abierta) becas, pesca y actividades del mar, bibliotecas, registro de múltiplex digitales o seguros escolares.

La buena sintonía y la necesidad de Zapatero de pacificar el frente catalán fue la que, en parte, posibilitó en julio con once meses de retraso un acuerdo de financiación autonómica que, sin vacilar, el Govern defiende como ceñido al Estatut. Incluso CiU ha orillado sus críticas iniciales.

El tripartito sigue presionando por el despliegue pero sus prioridades no son ajenas al TC. Escoge asuntos que pueden ser recortados, como el blindaje del modelo educativo en catalán o la substitución de diputaciones por veguerías. Según un conseller 'será difícil desandar lo andado diga lo que diga el TC. Debemos darnos prisa'.

El Gobierno asume que un recorte de lo traspasado «crearía un grave problema»

En Madrid revisten el proceso de normalidad. Fuentes del Gobierno sostienen que, dado que no hay recurso previo, el Estatut es una ley de las Cortes a cumplir 'de forma impecable'. 'No nos ponemos en un escenario B pero habrá un problema político de envergadura si el TC lo recorta', admiten. No quedará más que 'trabajar políticamente' teniendo claro, en eso chocan con el tripartito, que nada será 'irreversible'.

El Gobierno es prudente en la adaptación de las leyes estatales, algunas orgánicas como la del Poder Judicial, al Estatut. Se han reformado cuatro: la que rige el funcionamiento del TC, la de la Fiscalía, el reglamento del Senado o el Estatuto del funcionario. Muy lejos, en todo caso, de la velocidad de crucero catalana. En tres años el Govern de Montilla ha aprobado 32 leyes para su despliegue (16 el último año). En trámite en el Parlament hay otras 13. Corren y esperan a que el TC no abra sendas irreversibles u obligue a colmar el autogobierno con los viejos regates en corto que el nuevo Estatut pretendía desterrar.