El gremio de los directivos bancarios se encuentra en estas fechas en el centro de las actuaciones de la Fiscalía, asociaciones de usuarios de banca, pequeños accionistas, clientes, partidos políticos o el movimiento 15-M. La mala praxis bancaria, la ocultación de balances negativos, el falseamiento de las cuentas y, sobre todo, la recepción de indemnizaciones millonarias por despedirse de entidades en práctica quiebra y en plena crisis económica, son objetos de investigaciones judiciales a varias entidades. Hasta la fecha, en España sólo han ingresado en prisión tres banqueros relevantes: quien fue presidente de Banesto, Mario Conde, y sus colaboradores Arturo Romaní y Fernando Garro.

Ayer mismo, la Fiscalía Anticorrupción se querelló contra el ex co-presidente y cuatro ex directivos de Novacaixagalicia, por administración desleal y apropiación indebida de al menos 7,8 millones de euros, en concepto de indemnizaciones por prejubilación, que se adjudicaron sin autorización del Consejo de Administración de la entidad ni del Banco de España.

Los querellados son los ex directivos José Luis Pego Alonso, Oscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán Lanza y Francisco Javier García de Paredes Moro, quienes se apropiaron del dinero. Según Anticorrupción, los tres primeros contaron con la cooperación necesaria del ex presidente de Caixanova (que dio lugar a Novacaixagalicia al fusionarse con Caixagalicia), Julio Fernández Gayoso, el quinto querellado.

La querella, basada en informes de los inspectores del Banco de España y de la propiedad entidad, ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno ya la ha admitido a trámite.

Otra investigación afecta a Banco de Valencia, intervenida por el Banco de España en noviembre de 2011. Una asociación de pequeños accionistas llamada Apabankval se ha querelllado contra 19 miembros de su Consejo de Administración ante un Juzgado de Valencia, aunque el caso puede desembocar en la Audiencia Nacional.

En cuanto a Bankia, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu recibirá un informe de la Fiscalía Anticiorrupción sobre la gestión de la entidad tras su salida a Bolsa. El Juzgado acumula denuncias contra la entidad de Unión Progreso y Democracia, Movimiento 15-M y Manos Limpias. Esta última asociación acusa con nombres y apellidos a Rodrigo Rato y Miguel Blesa, ex presidentes de Bankia y Cajamadrid, y al ex gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez. Además, en diferentes juzgados de España se han registrado denuncias particulares contra el producto de las preferentes.

Otro juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, se encarga de la investigación de las presuntas irregularidades en la gestión de la Caja Castilla-La Mancha, intervenida por el Banco de España en marzo de 2009. La Audiencia también indaga en lo ocurrido en Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), y ha solicitado la lista de directivos de la entidad entre 2001 y 2011. Existen otras investigaciones fiscales preliminares que afectan a Caja Avila, Caja Segovia, Caixa Penedés, Caja España, Caja Duero o Caja Burgos, pendiente de concreción o archivo.

Hasta la fecha, pocos banqueros han sido finalmente condenados y menos aún han pisado una cárcel. El ex presidente de Banesto Mario Conde estuvo varios años en prisión tras ser condenado por el Supremo a 20 años de cárcel por apropiación indebida, estafa y falsedad documental. Corrieron su misma suerte otros ex directivos del banco como Arturo Romaní y Fernando Garro.

Otro condenado fue Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander. Condenado a tres meses de prisión e inhabilitación por delito de acusación falsa, el Gobierno de Rodríguez Zapatero le indultó en noviembre de 2011, estando ya en funciones, permitiéndole continuar en su puesto.

El propio presidente del Santander, Emilio Botín, ha salido bien parado hasta la fecha de tres investigaciones distintas. En el caso de las cesiones de crédito y en el del pago de prejubilaciones millonarias a los ex directivos Amusátegui y Corcóstegui (de 47,75 millones de euros y 108 millones, respectivamente) resultó absuelto. Además, el mes pasado el juez Fernando Andreu archivó una querella contra la familia Botín por sus cuentas en Suiza, al considerar que realizaron una correcta regularización del dinero.

En cuanto al ex co-presidente del BBV, Emilio Ybarra, fue absuelto por el Tribunal Supremo en noviembre de 2005 por el pago de pensiones tras la fusión con Argentaria. La Audiencia Nacional le había condenado a 6 meses de prisión por administración desleal, pero el Supremo revocó ese fallo y le absolvió.