Pedro Escobar, el coordinador general de Izquierda Unida Extremadura, ya aseguró a principios de esta semana que la XII Asamblea Regional de la federación contaba con 'todas las garantías legales' y que por tanto se celebraría cuando estaba prevista, el próximo domingo, 14 de octubre, y en la que participarían 200 delegados. Ahora un juez también lo reconoce.

La noticia se conoció hacia las 13 horas. El juzgado número 2 de primera instancia de Mérida resolvió denegar la adopción de medidas cautelares y dio la razón, por tanto, a la dirección autonómica de IU. 'No existe aparentemente soporte ni justificación sobrada de la suspensión de la convocatoria, no guardando por tanto proporción el derecho invocado con los perjuicios que pueden acarrearse por la no celebración de la asamblea', escribe la magistrada Elena Sánchez Pérez en un auto de seis folios al que ha tenido acceso Público [consultar aquí].

En el congreso rivalizan Escobar y la candidata González-Jubete

El culebrón político –un enfrentamiento dentro de la propia federación extremeña y una colisión clara e ineludible con el aparato federal de Madrid que dirige Cayo Lara– se completa ahora con una derivada judicial. Pero todo tiene la misma raíz: la guerra entre Escobar (y su círculo) y la candidatura alternativa liderada por Margarita González-Jubete, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Cáceres. La XII Asamblea Regional convocada para este domingo debe dirimir quién gana de los dos y, sobre todo, qué política vence, qué estilo de oposición conviene hacer frente al PP. Del resultado del cónclave depende incluso la suerte de una eventual moción de censura presentada por el PSOE contra el presidente de la Junta, José Antonio Monago. Jubete, bien vista por el núcleo duro de Lara, sí sería algo más proclive a ella. 

El auto critica que se presenten alegaciones 'sin prueba' y no se oferte caución

El conflicto se agudizó este lunes. Ese día se supo que la Comisión Federal de Garantías había admitido a trámite la queja presentada por el sector crítico –denominado La Mayoría– y había decidido suspender la asamblea del domingo. El foco del problema estaba en las normas del congreso y la elección y reparto de delegados. Arrancó así la escalada de declaraciones, en Extremadura y en Madrid. La determinación de Escobar de mantener la convocatoria y la amenaza de los partidarios de Jubete de no acudir al congreso. El martes, dos afiliados vinculados a La Mayoría –Sebastián Robledo, secretario de Organización de IU Cáceres, y Carlos Luengo– presentaron una denuncia ante el juzgado número 2 de Mérida, pidiendo la paralización de la asamblea. Ayer fue aceptada y hoy la magistrada resolvió desfavorablemente para los demandantes. También la Fiscalía había reclamado la desestimación del recurso ya que no era 'proporcional' y 'son dos los militantes los que instan a la medida'. 

El auto, dictado hoy tras escuchar a la Fiscalía y a las dos partes, resulta demoledor para La Mayoría. La jueza reprocha a los críticos que presentan alegaciones 'sin prueba alguna', de forma que no es posible juzgar si la celebración de la XII Asamblea pueda 'causar perjuicios ni menos que estos sean de difícil o imposible reparación', ya que los demandantes no especifican qué daños pueden producirse. En segundo término, los dos afiliados no proponen una caución, una cantidad de dinero que pueda responder de los perjuicios que pudiera ocasionar a IU la parálisis de su asamblea. El texto discrepa: sí habría daño económico porque 'el requisito enjuiciado es de orden público'. Además, si prosperaran las pretensiones de Robledo y Luengo, concluye la magistrada, 'conllevaría la nulidad de todo lo actuado por el Consejo Político Regional de IU Extremadura', órgano de dirección que en mayo de 2012 convocó formalmente el cónclave. La resolución deniega por todo ello la concesión de medidas cautelares y condena a los demandantes a correr con las costas judiciales.

El coordinador vuelve a subrayar la 'legalidad' de la XII Asamblea Regional

En cuanto trascendió la noticia, comparecieron en rueda de prensa en la sede regional de la federación, en Mérida, Escobar y su número dos, Joaquín Kin Paredes, responsable de Organización. Los dos destacaron la 'legalidad' de la asamblea, que finalmente se celebrará el domingo, tal y como estaba previsto, al margen de que alguien pueda recurrirla posteriormente si cree lesionados sus derechos. Ambos pidieron la participación de los 200 delegados, informa Europa Press. Un mensaje dirigido a La Mayoría, que había advertido de que no acudiría a 'una reunión del club de fans de Pedro'. El jefe del aparato remarcó que todo el proceso 'ha sido impecable, limpio y transparente'. 'No ha habido mala fe ni interpretación de las normas', sostuvo el líder autonómico, quien llamó a la participación de los militantes este domingo.

Las advertencias de La Mayoría se repitieron hoy tras conocerse el auto. Manuel Sosa, una de sus cabezas visibles, ratificó que la corriente no acudiría al cónclave. 'No reconocemos esa asamblea porque hay una orden de la Comisión Federal de Garantías, y a esa nos atenemos', declaró a este diario. Remarcó que la demanda judicial fue presentada por 'dos militantes del PCE que actuaron motu proprio', no autorizada por la dirección de La Mayoría, que decidió no dirigirse a los tribunales cuando se conoció el dictamen de Madrid este lunes. Sin embargo, Sosa no negó que Robledo es secretario de Organización de IU Cáceres y firmante de documentos de La Mayoría. Los de Jubete también esperan que el aparato federal actúe si finalmente el congreso se celebra este domingo. 

Los de Jubete no irán al congreso y dicen que el recurso lo presentaron 'dos militantes del PCE'

Y es que el fallo también coloca en un lugar comprometido a la dirección federal, que esta semana estaba pilotando la negociación entre las partes, pero que defendía el aplazamiento del congreso para que se celebrara 'con todas las garantías' y para que triunfara el 'máximo acuerdo', según enfatizó a este diario el lugarteniente de Lara, Miguel Reneses.

Hoy también se conoció que la instructora del expediente en la Comisión Federal de Garantías de IU, Gloria Aguilar, ha citado para el próximo martes en audiencia a Escobar (a las 16 horas) y a González-Jubete (a las 20). La reunión tendrá lugar, pues, a toro pasado, celebrada ya la asamblea.