Mañana comienza el debate sobre el Estado de la Nación, el primero para Mariano Rajoy desde que es presidente -el año pasado se lo saltó- y llega justo en un momento crítico para el Gobierno y el Partido Popular. Al descontento social por los recortes, unas cifras de desempleo de récord, una economía aún en recesión y el drama de los desahucios en primera plana, se le añaden desde principios de año todos los escándalos de corrupción que salpican al partido que lidera Rajoy.

Escándalos como el de la supuesta contabilidad B que llevaba Luis Bárcenas, extesorero de los conservadores durante dos décadas, los 22 millones de euros que escondía en Suiza y su regularización gracias a la amnistía fiscal del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que coparán el debate en el Congreso pudiendo eclipsar al resto de temas. Si a esto se le añade que Rajoy consiguió introducir en el orden del día su comparecencia por el Consejo de Europa, la agenda de los próximos dos días se verá totalmente concentrada.

Estos son los temas más destacados:

El debate llega en un momento de gran desafección de los ciudadanos hacia la clase política, agudizado tras los últimos casos de corrupción. El Ejecutivo mantiene que presentará medidas concretas para perseguirla, sin descartar una reforma del Código Penal para endurecer los castigos, sin embargo, de momento no ha dado muestras de tener prisa por hacerlo. Los partidos de la oposición han presentado sus propuestas. Izquierda Unida, por ejemplo, pidió que se celebrara un Plendo monográfico sobre la corrupción y llegó a presentar una propuesta de ley que los conservadores no han querido valorar.

Todo esto aderezado con los coletazos de la amnistía fiscal, el caso Bárcenas y la trama Gürtel, que han provocado que no sólo Rajoy, sino también dos de sus ministros, el de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la de Sanidad, Ana Mato, lleguen a esta cita sabiendo que la oposición no dudará en pedir, como ha hecho en los últimos días, su dimisión.

Con esos antecedentes resulta complicado que el PP pueda promover su Ley de Transparencia sin que arrecien las críticas. El texto que presentó el Ejecutivo pretende mejorar el funcionamiento de las administraciones y someterá a un estrecho control la gestión de los cargos públicos. La trampa del decreto era que no incluía en esas medidas transparentes a los partidos políticos, algo que a Rajoy no le quedó más remedio que añadir, tras estallar el caso Bárcenas y las dudas sobre la financiacióin del PP.

El PSOE, en boca de su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, quiere que los políticos hagan un 'striptease económico' y publiquen todas sus cuentas en internet. Para Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, el problema de fondo no es cuánto cobran los políticos sino de dónde procede el dinero que perciben de su partido.

El PP se propuso reducir el déficit yfrenar la sangría del paro, algo que más de un año después de su llegada al poder no ha conseguido. La situación se le complica ya que el Ejecutivo de Rajoy justificó los recortes en todos los ámbitos y la reforma laboral en que eso conseguiría mejorar la situación.

Los desahucios y el drama de muchas familias que pierden su vivienda serán otro asunto que no dejarán escapar los portavoces parlamentarios, después, además, de la reciente admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). De ahí puede que el debate derive hacia los recortes que han afectado a la Educación y la Sanidad, y que han sido protagonistas de un periodo convulso y de protestas en la calle.

Los grupos nacionalistas dedicarán algo de su tiempo en exigir al Gobierno que presente cuanto antes su prometida revisión del sistema autonómico. Eso, sin olvidar los flecos del debate soberanista y de la declaración aprobada por el Parlamento catalán, en la que la Abogacía del Estado ya ha visto materia para poder recurrir al Tribunal Constitucional.

El presupuesto aprobado para el periodo 2014-2020 en la última cumbre de Bruselas va a tener un lugar de honor en el debate de este año, en el que Rajoy también informará de los resultados de dicho Consejo Europeo. La acumulación de los dos debates ha sido propuesta por el Gobierno y aprobada por el Congreso, pese a la postura en contra de toda la oposición, que cree que así se devalúa el contenido de ambos.