Los socialistas quieren que todos los españoles puedan decidir acerca de la reforma constitucional que proponen para instaurar el modelo federal, y que contempla incluso la supresión del Senado tal y como se conoce actualmente. El PSOE, que deberá refrendar y concretar ese planteamiento a lo largo de la Conferencia Política que se desarrolla este año y, en concreto, durante el Comité Territorial que se celebrará en junio, trata de aportar así 'al país' un camino 'de solución a las tensiones y al antagonismo que están desestabilizando ese elemento fundamental del funcionamiento del estado: el modelo territorial'.

Con esas palabras se ha expresado este lunes el coordinador de esa Conferencia Política del PSOE, Ramón Jáuregui, que ha presentado un texto inicial de la reforma ante la Ejecutiva federal del partido. El documento contempla 'el refrendo popular de todos los españoles a un nuevo marco constitucional', así como el 'refrendo' de los diferentes habitantes de una u otra comunidad autónoma a su respectivo estatuto de autonomía 'en el caso de que este tuviera que ser modificado' para adaptarse a ese nuevo marco, ha explicado el exministro en rueda de prensa. 

Los socialistas abogan en el borrador por la desaparición del Senado para fundar una nueva cámara cuyos miembros sean designados por los gobiernos o los parlamentos autonómicos. De esa manera, la representación de la soberanía popular quedaría limitada al Congreso mientras que la nueva cámara representaría a los territorios, quedando limitada su intervención en el proceso legislativo y primando su poder en las leyes de contenido autonómico. La nueva cámara tendría además incorporadas las instituciones de cooperación como la Conferencia de Presidentes, las conferencias sectoriales o la Conferencia de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El documento también contempla la inclusión en la Carta Magna los hechos diferenciales de cada una de las comunidades autónomas para darles una dimensión más potente e incorporar a la Constitución el actual mapa autonómico con sus actuales denominaciones y los principios de un nuevo modelo de financiación autonómica.

El documento también propugna la constitucionalización del principio de participación de las comunidades en la gobernación del Estado, la incorporación a la gobernación de España de los principios e instrumentos federales de lealtad y colaboración, la reducción del entramado administrativo autonómico y local, y fórmulas para asegurar la igualdad de los españoles en las prestaciones básicas.