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Montoro vincula los recortes de la administración autonómica a la negociación sobre el déficit

La vicepresidenta anuncia la supresión de 718 empresas públicas del ámbito autonómicos y 90 observatorios estatales y la reforma de 57 organismos públicos

ANA PARDO DE VERA

El ministro de Hacienda ha advertido hoy a las Comunidades Autónomas de que el cumplimiento de las 120 'recomendaciones' dirigidas a ellas dentro de la reforma de las administraciones públicas se 'valorará' a la hora de negociar sus objetivos de déficit. De esta forma, el Gobierno quiere asegurarse de que el ambicioso documento de 217 medidas para eliminar duplicidades y hacer más eficaz la administración pública no se queda en papel mojado después de casi nueve meses de intenso trabajo en la Comisión de Reforma de las Administraciones (CORA).

Cristóbal Montoro ha lanzado un mensaje bastante explícito al conjunto de las autonomías al asegurar que 'las relaciones entre la Administración General del Estado (AGE) y la autonómica' —esto es, laasunción de las medidas del Gobierno por parte de las comunidades— se utilizarán como baremo para negociar el margen de deuda, ya que, en opinión del responsable de Hacienda, hay duplicidades que resultan'inadmisibles' en medio de una crisis económica como la actual.

La vicepresidenta del Gobierno, que ha abierto el foro de análisis sobre el informe de la Comisión de Reforma de la AdministraciónPública (CORA) celebrado esta mañana en La Moncloa, ha apelado al 'consenso y entendimiento' con las comunidades y los partidos, aunque en ningún momento se ha referido a la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas que subyace en las palabras de Montoro.

Al contrario, Soraya Sáenz de Santamaría —que ha presidido la CORA en los más deocho meses desde su constitución— se ha reservado el papel conciliadorcon administraciones y ciudadanos, garantizando que este proyecto del Ejecutivo no 'afectará a los servicios públicos esenciales'. La número dos del Gobierno ha ejemplificado la ambición de esteproyecto en la supresión de empresas y organismos públicos: las comunidades se habían impuesto cerrar 515 empresas y finalmente, han suprimido 535, marcándose además el nuevo objetivo de eliminar 718. Santamaría ha anunciado que el Estado suprimirá, asimismo, 90 observatorios de todos los ámbitos y reformará 57 organismos públicos.

El presidente del Gobierno dio luz verde ayer a la presentación pública del informe sobre la reforma, aunque los detalles de las más de 2.000 fichas que componen el texto no se conocerá en su totalidad hasta mañana viernes, cuando el Consejo de Ministros lo apruebe. Esta mañana se ha celebrado la segunda parte de la puesta de largo de uno de los proyectos estrella del Ejecutivo, con la celebración en La Moncloa de un foro abierto a los medios para analizar este informe, aunque tampoco se ha concretado su contenido.

La vicepresidenta y los ministros de Hacienda e Industria han sido los tres máximos responsables del Gobierno encargados de trasladar el mensaje principal del Gobierno a los senadores, diputados, consejeros y otros altos funcionarios de todas las administraciones que han acudido a este acto capitaneado por Presidencia, que es, en definitiva, el Departamento responsable de dar forma y detalle a la reforma integral más profunda de las administraciones públicas.

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