Acosado por el caso Bárcenas, el Gobierno da luz verde este viernes a un informe que bajo el título de Informe sobre el plan nacional de regeneración democrática, propone una serie de medidas —hasta 40— para endurecer las penas por delitos de corrupción e incrementar el control y la transparencia de la actividad de los cargos públicos y de los partidos políticos.

Aunque muchas de esas medidas son de carácter técnico hay dos que destacan sobre las demás. La primera es que Hacienda investigará el patrimonio de los cargos públicos cuando dejen su puesto. El objetivo de esta novedosa medida es comprobar que su patrimonio 'no ha sufrido variaciones injustificadas que proporcionen indicios de un enriquecimiento ilícito'. Esta iniciativa se articulará en una ley reguladora del ejercicio de las funciones públicas que creará un Estatuto del Cargo Público que regule el ejercicio y las funciones de los políticos y que incluirá un control de sus declaraciones patrimoniales.

Hay una segunda medida llamativa: se regula la actividad de los tesoreros de los partidos políticos y se establece la obligatoriedad para ellos de comparecer una vez al año en el Parlamento para explicar las cuentas de sus respectivas formaciones. 

El informe se examinará en el Consejo de ministros, que también tiene previsto aprobar a una amplia reforma del Código Penal, que endurecerá los tipos de los delitos relacionados con la corrupción.

El Gobierno lleva trabajando en este paquete normativo desde marzo, poco después de que el propio presidente del Gobierno anunciara estas medidas anticorrupción en el Debate sobre el estado de la Nación de mediados de febrero. El 1 de agosto, en el Pleno celebrado en el Senado sobre el caso Bárcenas, Rajoy confirmó que presentarían esa medidas en septiembre y adelantó alguna.

La adopción de estas iniciativas contra la corrupción conllevan la modificación de diez leyes. El Gobierno prevé una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que dotará de más medios al Tribunal de Cuentas para desarrollar su labor y regulará la gestión de los tesoreros de los partidos.

Además, de regularse la figura del responsable de la gestión económica-finaciera de los partidos y su comparecencia anual ante el Parlamento, se quiere regular también así como los procedimientos de contratación por parte de los partidos, la obligación de depositar las cuentas de los partidos en registro público, la retención de los pagos de subvenciones si las cuentas no se presentan, la publicidad de las subvenciones, la mejora del régimen sancionador en materia de financiación y el aumento de los plazos de prescripción.

El Gobierno trabaja también en la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público con la que se 'fortalecerá el régimen de prohibiciones de contrataciones con el sector público a todas las personas —tanto físicas como jurídicas— condenadas por delitos relacionados con la corrupción'.

Otro texto regulará por ley las Funciones Políticas para establecer las retribuciones de los cargos públicos de la Administración General del Estado, regular la publicación de las declaraciones tributarias de bienes y de actividades de los mismos y la realización de auditorías de su situación patrimonial al final de su mandato.

Dentro de ese paquete normativo se encuentra también la modificación de la Ley de Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, un texto que ha preparado el Ministerio de Economía y Competitividad.

Además,  También se pretende una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para agilizar los procedimientos y, con ello, la persecución de los delitos de corrupción, y una ley de Contratos del Sector Público para introducir mayores controles en la contratación con la administración pública.