Agosto de 2011. Una marcha laica protesta en Madrid contra el gasto público que supuso la visita del entonces pontífice Benedicto XVI. Esa noche, la policía carga indiscriminadamente contra manifestantes, transeúntes y algún periodista (ver fotogalería). Khaterina Minguez, menor de edad, recibe un puñetazo sin previo aviso al gritar a los antidisturbios que disolvían el final de la marcha. El fotógrafo Daniel Nuevo realiza una foto del momento de la agresión. Segundos después cae al suelo, inconsciente durante unos segundos, tras recibir un porrazo en la nuca.

Los hechos fueron denunciados ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a los pocos días, pero hasta enero de 2012, seis meses después, no se recibe una respuesta por parte el tribunal. La justicia es lenta en España, y en este caso el proceso de dilató entre declaraciones, testimonios y recopilación de pruebas hasta que en agosto de 2013 el juez interpreta que la causa debe continuar como un juicio de falta al agente Salguero Pérez, al mando del operativo de entre 12 y 15 antidisturbios implicado en este episodio. Entre dimes y diretes, este juzgado eleva un auto en el que ordena el archivo de la causa por prescripción de la falta en cuestión (seis meses).

Cuando parecía que, una vez más, un antidisturbios podía excederse en sus funciones de forma gratuita y golpear a manifestantes y periodistas sin motivo que lo justifique, la jueza de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso del abogado de estos dos denunciantes y ha ordenado en un auto que el juicio por faltas se lleve a cabo.

La jueza entiende que en ningún caso pudieron prescribir los hechos que se le imputan a Salguero porque 'a lo largo del procedimiento la causa no sufrió paralización alguna que excediese de seis meses', contradiciendo así al juzgado de Instrucción.

Más aún, subraya que el sobreseimiento de la causa no excluye que se haya cometido una infracción, en este caso una falta, por parte las Fuerzas y Cuerpos  de Seguridad del Estado. Avala así el razonamiento del abogado de la menor y del fotógrafo, Juan Manuel López, en cuyo recurso argumentaba que 'la confianza en el sistema jurídico puede quebrar, para quienes han visto en las redes sociales y en los medios de comunicación la actuación de algunos componentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y en concreto los que tuvieron lugar el día de los hechos, que después, no decimos que condenados, ni siquiera son juzgados, y utilizando un ardid,  los procedimiento son archivados, por arte de los plazos, en nuestra opinión incorrectamente tratados'. Por ello, proseguía el letrado 'cumple cierta solvencia el argumento de que no merece denunciar los hechos porque luego no se hace nada'.

Así, aunque aún no hay fecha para el juicio, el subinspector Salguero tendrá que enfrentase a un tribunal acusado de daños físicos y morales por el que la acusación solicita una multa de tres meses más una indemnización de 6.000 euros para cada uno de los agredidos.