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Alavedra y Prenafeta guardaban su comisión en un paraíso fiscal

La investigación judicial de BBV Privanza Jersey destapó el ‘caso Pretoria’

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Los investigadores de la operación Pretoria llevaban dos años siguiendo la pista al dinero de un pelotazo urbanístico con origen en Santa Coloma de Gramenet. A la mayoría de los vecinos de esta localidad barcelonesa les resultará lejano el nombre de las Islas Jersey, paraíso fiscal en el Canal de La Mancha, pero allí se encontraba parte del dinero que habían sacado dos influyentes intermediarios de un trapicheo originado en un solar de la ciudad dormitorio.

Allá por el año 2000, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investigaba unas oficinas que el entonces Banco Bilbao Vizcaya tenía en las Islas Jersey, BBV Privanza. Se trataba de una filial de la entidad bancaria especializada en la gestión de grandes patrimonios. Tuvieron que pasar cinco años para que los investigadores relacionasen importantes sumas de dinero con varios despachos de abogados con sede en Barcelona. Arrancó entonces la operación Petra, cuyo nombre aludía a uno de esos bufetes, Petrus. Esos despachos de abogados eran sospechosos de utilizar el citado paraíso fiscal para, más allá de evitar el pago de impuestos por parte de los propietarios de esos fondos, blanquear su oscura procedencia.

Hasta dos años después no empezó a perfilarse la operación culminada ayer. En 2007, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se toparon con dos nombres que les resultaron conocidos. Se trataba de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Sus nombres aparecían unidos al envío de fondos procedentes de una operación urbanística fraudulenta en Santa Coloma de Gramenet. Es entonces cuando Fiscalía y Guardia Civil deciden abrir una investigación separada, a la que llaman Pretoria, por la similitud de este nombre al que habían puesto a las pesquisas que habían servido de matriz.

La construcción del centro comercial de Santa Coloma es el eje de la trama

Siguiendo el hilo del dinero, los agentes de la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la UCO llegaron hasta el Centro Comercial Santa Coloma de la ciudad dormitorio. Su investigación les obligó retroceder en el tiempo hasta una década antes, cuando en el lugar del centro comercial sólo había un solar. Averiguaron que el terreno había sido codiciado por muchos promotores y que fue subastado a principios de la presente década.

Sin embargo, sus compradores no edificaron. Prefirieron revenderlo por una cantidad muy superior a la que habían puesto en la puja. Fue después de ese segundo cambio de manos cuando llegaron las máquinas excavadoras y comenzaron las obras.

Años después se levantó en el espacio del antiguo solar un hotel y varios locales comerciales, pero sus propietarios decidieron no aguardar para explotarlos y los pusieron a la venta de nuevo. Otra vez, una importante transacción económica dejaba millones por el camino, que en gran parte llegaban presuntamente a los bolsillos de los otros detenidos ayer, cuatro políticos del PSC, incluido el alcalde de Santa Coloma.

Los investigadores llegaron finalmente al origen de la madeja y a primera hora de ayer comenzaron las detenciones y los registros, que afectaron a domicilios particulares de los arrestados, el Ayuntamiento de Santa Coloma y la sede de varias empresas.

Los dos políticos de CDC habrían actuado como intermediarios

Entre ellas se encuentran las sociedades municipales de promoción empresarial, denominada Grameimpuls, y la encargada de gestionar desde hace dos décadas la promoción de viviendas de protección, la gestión del parque local de pisos, las grúas del Ayuntamiento y los aparcamientos de Santa Coloma, cuyo nombre es Gramepark. El presidente de esta última es Manuel Dobarco, el concejal de Urbanismo y tercer teniente de alcalde de dicha localidad, quien se encuentra entre los detenidos.

Según la investigación, Dobarco habría recibido, como el alcalde de Santa Coloma y los otros dos políticos del PSC, contraprestaciones económicas por facilitar desde sus cargos las operaciones inmobiliarias fraudulentas. En el origen del dinero que habrían recibido estarían los dos empresarios detenidos ayer, Josep Xinglà y Lluis Casamitjà.

Como intermediarios actuaban, presuntamente, Alavedra y Prenafeta.