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Aralar y ERC arropan a los procesados por intentar reconstruir Batasuna

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Miembros de Aralar y de ERC han acudido hoy a la Audiencia Nacional para mostrar su solidaridad con los ocho dirigentes abertzales -entre ellos el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi- que hoy van a ser juzgados por intentar reconstruir la formación ilegalizada.

El diputado de ERC Joan Tardá ha denunciado el "escollo a la normalización" que, en su opinión, constituye el juicio y ha pedido la absolución de los procesados.

"En este contexto de ausencia de violencia exigimos la absolución de estas personas que han contribuido a la normalización" del País Vasco, ha dicho Tardá, que ha añadido que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y que "no se pueden poner puertas al campo de las libertades democráticas".

En el mismo sentido se ha pronunciado el vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, que ha justificado su presencia en el tribunal diciendo que "es importante" mostrar apoyo a los procesados y solicitar su libre absolución.

Mientras tanto, el miembro de la izquierda abertzale Aitor Bezares ha asegurado que el que comienza hoy es un "juicio de carácter político" que lo que realmente pretende juzgar "es el proceso abierto en Euskal Herria", que ha calificado de "irreversible".

Bezares ha agregado que el Estado ya intentó "entorpecer" ese proceso con la detención de los procesados en 2009, que fracasó en aquel momento y que "va a fracasar también ahora".

Bezares ha pedido la absolución de los acusados y que, ante la "etapa de oportunidades" que se abre en el País Vasco, el Estado "actúe con responsabilidad en lugar de poner palos en las rueda con juicios como el de hoy o persecuciones como la que sufre la militante abertzale Aurore Martin", de nacionalidad francesa y contra la que pesa una orden de detención de la Audiencia Nacional.

También asiste a la vista el presidente de la asociación Voces contra el Terrorismo Verde Esperanza, Francisco José Alcaraz, que ha confiado en que se haga justicia en la Audiencia Nacional y en que la política "no contamine o, de alguna manera, redirija la situación de una sentencia" que, a su juicio, tiene que ser condenatoria para quienes "llevaban el brazo político de ETA".

Voces contra el Terrorismo, personada como acusación popular en la causa, solicita penas de hasta 14 años para los procesados.