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Un asesino a la carta anda suelto

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El 3 de abril de 1996, el FBI detuvo en una mísera cabaña de Montana a Theodore J. Kaczynski, un brillante profesor de matemáticas que dos décadas antes había decidido abandonar la universidad donde daba clases para convertirse en ermitaño y combatir a la sociedad a golpe de explosivos.

Entre 1978 y 1995, aterrorizó a las instituciones educativas y líneas aéreas de EEUU con el envío indiscriminado de paquetes bombas en defensa de una ideología antitecnológica de su propio cuño. Diecisiete años de impunidad en los que envió 16 paquetes bombas que costaron la vida a tres personas y causaron heridas a otras 32. Los medios de comunicación norteamericanos lo bautizaron como unabomber y su detención fue todo un acontecimiento al otro lado del Atlántico. Ahora, Kaczynski cumple cadena perpetua.

España también tiene su particular unabomber, aunque aquí su repercusión en la prensa ha sido infinitamente menor, entre otros motivos, porque parte de los atentados que cometió se adjudicaron en un primer momento a ETA o los Grapo y, cuando se supo que no eran los terroristas los que estaban detrás de los envíos, el eco de las explosiones se había difuminado en el olvido. Sin embargo, los investigadores contabilizan al menos una decena de paquetes bomba enviados por este asesino a la carta. El primero se produjo el 27 de enero de 1987, cuando una explosión acabó con la vida del industrial agropecuario Javier Biurrun, en Pamplona. El último, diez años después, en junio de 1997. En esa ocasión, la Guardia Civil pudo desactivar un artefacto oculto en un ejemplar del Cantar de Mío Cid dirigido al empresario burgalés José Luis Azpitarte.

El balance del unabomber español es más sangriento que el del profesor norteamericano: cuatro fallecidos y una docena de heridos. Además, ha burlado durante 22 años a Policía y Guardia Civil, que todavía se preguntan qué tienen en común sus víctimas: tres industriales agropecuarios, un cineasta, un experto en inversiones, un cerrajero, un noble, el propietario de un taller de reparación de automóviles y el presidente de una empresa de agua mineral. La respuesta es desconcertante, nada. Por ello, los investigadores creen que detrás hay una banda de asesinos que oferta estos envíos al mejor postor y en la que interviene al menos un ex militar con conocimientos en explosivos.

En este sentido, los informes de los TEDAX no dejan lugar a la duda: 'La disposición de los distintos elementos integrantes del artefacto, así como su procedencia responde a la peculiar forma de instrucción que reciben los soldados de reemplazo durante su estancia en unidades especiales (COES, paracaidistas, etcétera) de las Fuerzas Armadas', se puede leer en uno de los documentos redactados tras la desactivación de un paquete bomba. Y poco más. Los sumarios se han ido cerrando con meras suposiciones sobre supuestas tramas de cobro de morosos, ajustes de cuentas y vagas sospechas de tramas de narcotráfico. Lo único seguro es que no hay ningún detenido y que, aunque hace ya 12 años que no hay noticia de ninguna otra remesa mortal, el asesino a la carta sigue suelto.