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La Audiencia Nacional pregunta a El Salvador por la situación de los militares liberados

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La Audiencia Nacional ha pedido a El Salvador que informe sobre la situación jurídica en la que están los nueve militares procesados por el asesinato en 1989 de seis jesuitas y que hoy han sido liberados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña, tras permanecer resguardados en una brigada castrense.

Estos nueve militares se refugiaron el día 7 en dicha brigada tras conocer que la Policía se disponía a ejecutar una orden de captura internacional cursada por Interpol a petición del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que el pasado 30 de mayo procesó a 20 miembros del Ejército salvadoreño por delitos de asesinatos terroristas y lesa humanidad o contra el derecho de gentes.

Fuentes jurídicas han informado hoy de que Interpol comunicó el pasado martes al Juzgado Central de Instrucción número 6 que "no tenía constancia legal" de que esos nueve militares estuvieran detenidos en El Salvador.

Por ello, la Audiencia Nacional, a través del Ministerio de Justicia, ha preguntado a las autoridades salvadoreñas sobre la situación jurídica en la que se encuentran estos militares para saber si se encuentran en situación de detención preventiva y, de ser así, "dónde y bajo la autoridad de que juez" están.

Asimismo, el tribunal quiere saber si la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha iniciado el proceso de extradición.

Precisamente, los magistrados que integran la CSJ aprobaron hoy por 10 votos a favor y dos en contra liberar a los nueve militares, lo que supone que "no tienen restricciones ni privación de libertad, y no hay autoridad que pueda proceder a capturarlos".

Según ha explicado uno de los magistrados salvadoreños, la "difusión roja" emitida por Interpol puede ir o no acompañada de una solicitud de detención con fines de extradición que debe pedir el Estado a través de las autoridades diplomáticas o del Ministerio de Justicia, una solicitud que, ha dicho, la CSJ no ha recibido.

El pasado 30 de mayo, el juez Eloy Velasco procesó a los 20 militares, decretó su busca y captura internacional y ordenó su prisión provisional comunicada y sin fianza en caso de ser entregados a la Justicia española y que presten fianza individual de 3.200.000 euros "para asegurar la responsabilidades pecuniarias" que pudieran serles impuestas.

Ese auto de procesamiento pudo ser notificado a trece de los veinte militares, quienes, no obstante, no comparecieron ante el magistrado por lo que hizo efectivas las órdenes de captura decretadas en mayo.

A los otros siete procesados los ha citado Velasco el próximo 14 de septiembre, una vez que se les notifique su procesamiento con la citación judicial. Si no comparecen entonces en el juzgado, el magistrado hará efectivas sus órdenes de detención.

Los hechos por los que están procesados ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando fuerzas del Ejército salvadoreño asesinaron al rector de la UCA, el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López, a la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.