La fórmula que ultima el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para liquidar la deuda acumulada por las distintas administraciones (muy especialmente, comunidades autónomas y ayuntamientos) con sus proveedores implicará que las entidades financieras adelanten ese dinero en forma de préstamos (que tendrán aval del Estado) a cambio de algún tipo de compensación para los bancos y cajas.

La fórmula, que no está cerrada todavía, no convence a las entidades. La clave pasa por hacer atractivo el procedimiento para bancos y cajas: en otras palabras, que ganen dinero; y que, además, lo recuperen en un plazo relativamente corto.

Montoro tiene a su favor el argumento de la liquidez del BCE a las entidades

El incentivo que podría utilizarse se basaría en el llamado confirming, una fórmula ya existente como vía de negocio para las entidades, señalan fuentes del sector constructor, uno de los más afectados por los impagos. Consiste en que la entidad cobra una comisión por anticipar el pago de un deudor a su cliente, en este caso, el proveedor. Si es este el que asume la comisión, al final, se vería obligado a aceptar una pérdida (equivalente a la comisión) sobre el total de la cantidad que les adeuda la Administración en cuestión.

A su favor, el departamento que dirige Cristóbal Montoro cuenta con el argumento de la barra libre de liquidez que el Banco Central Europeo (BCE) proporciona a las entidades desde diciembre pasado a un tipo de interés del 1% y un plazo de tres años. Hacienda destacó en un comunicado que el mecanismo, que 'aprobará el viernes el Consejo de Ministros', servirá para pagar en pocas semanas esa deuda pendiente y recalcó que 'no supondrá aumento' del déficit público y 'contará con la implicación directa del sector bancario'.

El sistema, una 'gran operación financiera', en expresión del Ministerio, consistirá en un 'mecanismo extraordinario que impulsará la confianza y la credibilidad del país', que 'contará con el concurso de las más importantes entidades financieras' y será 'fundamental para recuperar el espíritu y el ánimo'. 'Un país serio es el que cumple con los objetivos de déficit público y es un país en el que las administraciones públicas cumplen con su deuda comercial, cumplen con sus proveedores', indicó la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, en la nota.

Hacienda asegura que el sistema no implicará más déficit público

La explicación para que esa deuda no compute como déficit público es que la mayoría de las facturas pendientes datan de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, por lo que ya están incluidas en las cifras oficiales de déficit público. Sólo quedaría fuera una parte mínima, que provocaría un pequeño aumento del desajuste presupuestario, para las facturas que ya figuran en la ejecución presupuestaria pero que aún no computan en la contabilidad nacional. La vía para que ayuntamientos y comunidades autónomas acaben pagando esas deudas sería que el Estado les fuera descontando los importes pendientes de los pagos a cuenta que les hace cada mes.