Era la segunda fusión más grande de las que se han acordado en España y en la tarde del jueves quedó prácticamente rota por la razón más habitual: el reparto de poder. El Banco de España no está dispuesto a que la integración de la CAM con Cajastur, Extremadura y Cantabria, que ya tiene aprobadas las ayudas públicas, acabe en papel mojado y ayer intentó por todos los medios que la caja alicantina cambie su opinión y reconduzca la situación.

En un encuentro en el Banco de España, conminó a los directivos de la CAM a aceptar que el poder del nuevo grupo quede totalmente en manos de Cajastur. Así lo firmaron en el preacuerdo de mayo y en el contrato que entregaron al supervisor el 28 de junio, según aseguran todos los participantes de la operación, salvo la caja alicantina. Esta entidad mantiene que desde el primer acuerdo hasta el que se tiene que aprobar ahora de forma definitiva se ha incrementado de forma descomunal el poder del consejero delegado y primer ejecutivo del nuevo grupo, a la sazón el presidente de Cajastur, Manuel Menéndez.

La CAM argumenta que tiene tanto poder que ni siquiera se le puede cesar sin que él esté de acuerdo. Los otros participantes en la fusión niegan este extremo e insisten en que tiene los poderes normales de un primer ejecutivo de una compañía, que puede tomar decisiones pero tiene que someter otras a la aprobación del Consejo de Administración.

La CAM intentará negociar este fin de semana con Cajastur, pero ésta no está dispuesta a hacer concesiones porque sabe que es la caja alicantina la que tiene la presión, pues es la que necesita ayudas.

Por otra parte, el PP confirmó ayer que ha presentado una demanda por 'estafa' contra Juan Pedro Hernández Moltó, ex presidente de Caja Castilla La Mancha. Los conservadores pretenden saber qué ocurrió en la entidad para que tuviera que ser intervenida. La secretaria general del PP y presidenta del partido en la región, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que con esta denuncia no pretenden atacar a ninguna institución de la comunidad. El presidente de la región, el socialista José María Barreda, replicó que la querella es una 'pataleta' del PP por su 'fracaso' en la reciente Asamblea de la caja.