Publicado: 11.07.2014 11:11 |Actualizado: 11.07.2014 11:11

Bruselas lleva a España a los tribunales por su mala gestión de vertederos

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La Comisión Europea (CE) anunció este jueves su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por dos casos medioambientales, uno relacionado con vertederos que deberían haberse cerrado hace cinco años y otro respecto a las obras de una línea del tren de alta velocidad.

El Ejecutivo comunitario lamentó en un comunicado la "deficiente gestión de los residuos" por parte de España, que ha recibido varias advertencias previas de Bruselas respecto al funcionamiento de una treintena de vertederos que no cumplen con los requisitos establecidos en las leyes comunitarias. La legislación europea exigía que los vertederos que estaban en funcionamiento en 2001 debían haber cesado sus operaciones a más tardar el 16 de julio de 2009, salvo que cumplieran las normas europeas.

"Casi cinco años después de expirado el plazo para el cese de sus operaciones, en España siguen en funcionamiento veintiocho vertederos que infringen la normativa, y otros tres siguen pendientes de renovación para adaptarse a la legislación vigente", recalcó la Comisión. "En un esfuerzo por lograr su cierre y adaptación, respectivamente, la Comisión ha recurrido al Tribunal de Justicia de la UE", añadió.

El Ejecutivo comunitario también decidió llevar a España ante la Corte con sede en Luxemburgo por un segundo caso, que afecta a una línea ferroviaria de alta velocidad entre Sevilla y Almería que se está construyendo en una zona protegida por su valor medioambiental. Estas obras "han tenido graves repercusiones en las Campiñas de Sevilla, una zona de gran importancia para la conservación de las aves que está protegida por la legislación, tanto española como de la UE", destacó la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario recalcó que, pese a las "numerosas pruebas científicas que avalaban desde hacía tiempo la importancia de esta zona", España no concedió a este área una protección especial hasta que el propio Tribunal de Justicia de la UE le obligó a ello. Sin embargo, para entonces las autoridades españolas ya habían autorizado el tramo en cuestión del proyecto ferroviario Sevilla-Almería y habían comenzado las obras para su construcción.

"Ahora resulta evidente que, tal y como se presentó, el proyecto no se tendría que haber aprobado, ya que está causando un deterioro del hábitat y una perturbación de las aves protegidas, situación que podría acentuarse si la línea ferroviaria de alta velocidad se pusiera en funcionamiento", destaca la Comisión. "Además, la Comisión considera que España no ha adoptado las medidas necesarias para reparar el daño causado y, por consiguiente, ha llevado el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE", añadió.