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El cerco a la impunidad y la invasión de La Haya

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Es una magnífica noticia, por muchas chispas que levante en el mundo árabe y aunque pueda tener repercusiones negativas en la guerra civil y la desastrosa situación humanitaria en Sudán. Tal como evoca la orden del Gobierno de Jartum, conocida ayer mismo, de que Médicos sin Fronteras abandone Darfur, escenario de las matanzas y atrocidades que, al menos en teoría, pueden sentar en el banquillo a Omar al Bashir.

Lástima que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, no haya logrado que la orden de detención incluya la acusación de genocidio, pero las imputaciones de crímenes de guerra y contra la humanidad convierten en un proscrito al presidente sudanés, máximo responsable (habrá que decir presunto) de centenares de miles de muertos y millones de desplazados.

El estatuto de la CPI, aprobado en Roma en 1998, permite actuar al tribunal incluso cuando no haya garantías de que se hará justicia en el país en el que se cometieron los crímenes. Al Bashir tendrá que andarse con pies de plomo antes de salir de su país, si no quiere terminar entre rejas, como el liberiano Charles Taylor o el serbio Slobodan Milosevic.

Es un paso importante, que se une a los esfuerzos de los tribunales internacionales especiales (Ruanda, Yugoslavia, Camboya...) para poner cerco a la impunidad, pero el camino será largo y espinoso. Desde Moscú se hablaba ayer de un 'precedente peligroso', nada extraño al no ser Rusia uno de los 108 países (incluidos todos los de la Unión Europea) que han suscrito el Estatuto de la CPI.

El siniestro frente de rechazo tiene como socios destacados a China, India, Pakistán, Israel (cuyos dirigentes están en el punto de mira del fiscal Ocampo por los excesos en la reciente invasión a Gaza) y Estados Unidos. Bill Clinton firmó el estatuto del tribunal, pero George Bush lo desfirmó. Incluso promovió la vergonzosa ley de invasión de La Haya, que legitimaría un ataque a la ciudad holandesa para rescatar a cualquier militar norteamericano acusado y encarcelado por la Corte.

¿Un chiste? Ojalá, pero lo segundo que debería hacer Barack Obama sería abolirla. Como jurista, debería repugnarle. ¿Y lo primero? Adherirse a la CPI.