El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará a finales de año la reforma de la legislación procesal que servirá para regular y homogeneizar los servicios comunes generales que definirán las funciones de la nueva Oficina Judicial.

Así lo ha anunciado hoy el vocal del CGPJ Antonio Dorado en una rueda de prensa sobre el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo "Análisis de mejora y eficiencia del sistema judicial", junto con el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Rafael Lara Hernández.

Según ha explicado Dorado, la aprobación del reglamento de servicios comunes será "el pistoletazo de salida" para un nuevo modo de trabajar en la Administración de la Justicia en España, cuya modernización, aprobada en una ley orgánica desde 2003, "llevaba seis años en el olvido".

En total se han modificado 15 leyes procesales, "cambios aprobados ya por el Congreso y que el Senado aprobará previsiblemente en octubre" -ha indicado Dorado- que regularán el funcionamiento de la nueva Oficina Judicial, "encargada de todo lo que no sea estrictamente jurisdiccional", es decir, de los servicios comunes de la fase procesal.

Los servicios comunes se ocuparán de "actos repetitivos como la comunicación con el ciudadano, el cumplimiento de resoluciones o las citaciones", ha aclarado el vocal del órgano de gobierno de los jueces.

Así, los jueces podrán dedicarse a "lo que la ley contempla como su función", juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ha insistido Dorado, que ha avanzado que cuando la Oficina Judicial se ponga en marcha, "se habrá desterrado la concepción de un juzgado con un juez y un secretario judicial, totalmente independientes del de al lado".

Respecto a la fecha en la que la Oficina Judicial comenzará a funcionar, Dorado ha señalado que, al estar transferidas las competencias de Justicia a las comunidades autónomas, éstas decidirán cómo se desarrolla la oficina en su territorio, pero ha considerado que el proyecto "no se demorará mucho porque todas las autonomías han expresado su voluntad de colaborar".

El proyecto de modernización de la Justicia prevé también una fase de la conexión informática del los juzgados, etapa aún por abordar, pero que para Dorado "es fundamental" porque permitirá que un juez tenga a su alcance todos los datos para tomar una decisión.

Preguntado por el debate de la reforma del Código Penal, Dorado ha advertido del peligro que supone "legislar a golpe de actualidad" y ha hecho un llamamiento a la "serenidad y reflexión" por parte de los poderes públicos, que no deben dejarse llevar por la "legítima petición de la víctima".

Refiriéndose a los casos de violaciones a dos niñas cometidas por menores de este verano, que avivaron las demandas de rebaja de la edad penal del menor, Dorado ha hecho hincapié en que la cuestión de fondo es la "educación en valores" y que los cambios en las leyes penales sin "amplitud de miras" son un flaco favor a la sociedad.