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Cifuentes multa con 6.000 euros al convocante del 25-S

La Delegación del Gobierno se ampara en su responsabilidad en la seguridad de la manifestación. Este particular registró la petición a espaldas de la coordinadora, verdadera convocante de las protestas

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La delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, ha multado con 6.000 euros a la persona que, a modo individual y sin contar con el respaldo de la coordinadora 25-S y la plataforma ¡En Pie!–los verdaderos convocantes– pidió a esta institución que autorizara las movilizaciones previstas para el pasado 25 de septiembre. La Delegación del Gobierno inicia un proceso contra esa persona por 'no garantizar la seguridad de la protesta', según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

El sancionado es R.O.G.R. Tras su petición particular –los convocantes se desmarcaron 'rotundamente' de esa iniciativa individual– la Delegación del Gobierno en Madrid autorizó varias convocatorias para el 25 de septiembre que coincidían de forma parcial con las previstas por la coordinadora y la plataforma convocantes.

En concreto, según informes facilitados por la Jefatura Superior de la Policía a la Delegación, la concentración del 25 de septiembre derivó en importantes incidentes. Así, recuerdan que, aunque transcurrió con normalidad hasta las 19 horas, 'a partir de entonces se produjo un lanzamiento de objetos contundentes contra la Policía, intentos de traspasar el área de seguridad y agresiones a policías'.

'En ningún momento se pudo apreciar por parte de la Policía la existencia de medidas de seguridad adoptadas por los organizadores de los actos ni de la actuación de un servicio de orden que velase por los mismos', apunta el escrito sancionador.

La Delegación señala que, de esta forma, el convocante de la marcha no cumplió con lo indicado por la institución el 20 de septiembre, donde se fijaban las condiciones de la manifestación comunicada. Por tanto, considera que estos hechos pueden ser constitutivos de una 'infracción administrativa grave' del artículo 23.c de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

La petición individual de R.O.G.R. no gustó a los verdaderos promotores de la convocatoria del 25-S, que ya habían señalado días antes su intención de no comunicar por cauce oficial las acciones propuestas para el 25 de septiembre a la Delegación del Gobierno. 'Consideramos que ya es pública y ya tienen información suficiente para poder proteger nuestro derecho a manifestarnos', llegaron a decir en su página web.

Este miércoles, a través de su cuenta de Twitter, los activistas han recordado que R.O.G.R. pidió autorización a la Delegación 'saltándose el consenso colectivo'. El próximo domingo, en una asamblea que celebrarán en el Parque del Retiro, debatirán si asumen 'colectivamente' las consecuencias. 

Fuentes de la Coordinadora 25-S han asegurado a Público que hace 'varias semanas' que el expedientado no pasa por las asambleas del movimiento. 'Sabíamos que iba a ir a por él. Y así ha sido. Cuando le comentamos que esto podía ocurrir se asustó y dejó de acudir a las convocatorias. No descartamos que se abran más procedimientos', señalan estas mismas fuentes. 

Ahora, R.O.G.R tiene un plazo de 15 días para 'presentar alegaciones y aportar cuantos documentos estime convenientes', explica el documento que le ha hecho llegar la Delegación. En él, se alude a 'su responsabilidad en los hechos, como convocante' de la iniciativa Rodea el Congreso, rescata la Democracia. 

El departamento que dirige Cristina Cifuentes fundamenta el escrito, firmado el 15 de octubre, en el artículo 4.2 de la Ley que regula del Derecho de Reunión, que especifica que la responsabilidad de los actos derivados de una manifestación es de sus organizadores y que éstos deben garantizar el buen orden y la seguridad de las protestas para conseguir el buen curso de las mimas.