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Una concesionaria de la teleasistencia en Madrid fuerza a empleados sin cualificación a dar atención sanitaria

Obliga a sus trabajadores a realizar mediciones de las constantes vitales, tales como la reactividad pupilar o la orientación espacio/temporal de los usuarios, llegando incluso a despedirlos si se niegan a ello por falta de formación.

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Una persona mayor, con el dispositivo de aviso usado por el Servicio de Teleasistencia.

Asispa, empresa concesionaria del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria del Ayuntamiento de Madrid, fuerza a sus trabajadores, sin formación sanitaria, a tomar las constantes vitales de los usuarios y llevar a cabo valoraciones en función de los resultados obtenidos en dicho examen. En esta recogida de datos se miden la reactividad pupilar, la consciencia, la orientación espacio-temporal, el relleno capilar, la tensión arterial, el pulso, la respiración y la temperatura corporal, según ha podido saber este medio. 

Asispa, registrada como ONG, es una de las tres empresas concesionarias que prestan este servicio para el Ayuntamiento. Resultó ganadora del concurso público para uno de los tres lotes en los que Madrid dividió el servicio para el período 2017-2020, en concreto el que agrupa los distritos Centro, Arganzuela, Chamartín, Tetuán, Fuencarral-El Pardo, Carabanchel y Barajas, aunque lleva prestando el servicio más de 10 años gracias a concesiones anteriores. Según datos del Ayuntamiento, durante el año 2015 (con la antigua concesión), se atendió en total  a unos 150.000 usuarios en la capital. Asispa es ahora responsable del servicio a un tercio de ellos.

La teleasitencia está calificada por el Ayuntamiento como un "servicio social" destinado a ofrecer "compañía, seguridad y tranquilidad al usuario y a sus familiares". Se presta a través de un dispositivo conectado a la línea telefónica desde el que es posible establecer una conexión automática con la empresa concesionaria disponible 24 horas. "En los casos en los que el Centro de Atención de Llamadas valore necesaria una atención presencial, el servicio desplazará al domicilio a personal de apoyo, no sanitario, para atender la situación producida", especifica el propio Ayuntamiento.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, visita un centro de llamadas de una de las empresas concesionarias del Servicio de Teleasistencia, en una imagen de archivo de 2016. MADRID

Tradicionalmente la principal labor de estos profesionales, que disponen de llaves del domicilio de los usuarios, ha sido precisamente abrir la puerta a los servicios sanitarios ante posibles emergencias. Una de las más habituales es la caída de los usuarios, que son personas mayores y/o dependientes en su inmensa mayoría. 

No obstante, Público ha podido contrastar con varios de los trabajadores asistenciales de Asispa que la empresa les obliga a hacer esta toma de constantes vitales y a llevar a cabo una valoración de los resultados obtenidos. En caso de que se nieguen a hacer esta valoración alegando falta de formación para ello, la empresa les abre expedientes disciplinarios, llegando incluso a despedirlos.

Sin formación

En conversación con este medio, la directora del departamento de Teleasistencia de Asispa ha confirmado que la toma de constantes vitales está en el protocolo de actuación de la empresa para los oficiales que se desplazan al domicilio de usuarios. Sin embargo, ha negado que el procedimiento de toma de constantes sea "complicado": "Nos parece que utilizar un tensiómetro digital, el termómetro o ver la reactividad pupilar, la reactividad capilar presionando en la piel de la mano… Son cosas muy rudimentarias". Asegura que todo su personal "tiene formación en primeros auxilios, como mínimo", y que por ello "son técnicas que pueden manejar perfectamente".

Los trabajadores niegan que Asispa ofrezca formación  específica sobre los instrumentos usados en las mediciones de constantes vitales

La empresa aclara que el objetivo de la toma de constantes es trasladar siempre los resultados a los servicios sanitarios "de forma objetiva", pero todos los trabajadores contactados por este medio niegan este punto. Argumentan que la decisión de avisar a un médico queda en muchas ocasiones condicionada a la valoración que los trabajadores hagan de dichos resultados

"Los usuarios son gente muy vulnerable, son gente mayor, y tienen miedo de molestar", explica uno de ellos, que prefiere no dar su nombre. "Tienen miedo de que sea algo grave, les ingresen en el hospital y molesten a la familia. La empresa pretende que vayas para allá, hagas una toma de constantes, le tomes la tensión y calmes al usuario. Que digas a una señora: Tranquila, si solo tiene usted 12-6. Pero es que a lo mejor 12-6 es poco para una persona hipertensa, o mucho si tiene la tensión baja. Depende, yo no lo sé. Ni siquiera tenemos acceso al historial clínico actualizado. No lo deberíamos hacer, pero son muchos años y al final caes. Avisas de que no eres médico pero, ¿vas a dejar a la persona nerviosa? Al final das valoraciones falsas. Muchas", revela el trabajador de Asispa.

Detalle de uno de los vehículos de los servicios de atención al mayor del Ayuntamiento de Madrid. MADRID

Otro empleado de la empresa hace referencia a los problemas que puede generar esta toma de constantes por personal no cualificado. "Yo una vez tomé la tensión a una anciana, me dio unos valores muy altos y llamé al médico y se lo dije. Me dijo que le diera una pastilla de enalapril [utilizado en el tratamiento de la hipertensión] mientras el médico llegaba al domicilio. Cuando llegó resulta que me había equivocado en la medición, o el tensiómetro lo había dado mal, y la usuaria tenía la tensión demasiado baja. Me echó una bronca el médico que no veas. Nosotros nos la jugamos", confiesa.

Según los expertos consultados por este medio, el problema no es la toma de constantes en sí, sino la valoración posterior que la medición entraña. "Yo por un lado veo el beneficio para el paciente al ir alguien a su domicilio y tomarle esas constantes, pero luego tiene que haber un respaldo sanitario, esa información la tiene que valorar adecuadamente personal sanitario", opina el doctor Andrés Santiago, jefe de servicio de Medicina Legal Hospitalaria del Hospital Clínico San Carlos (Madrid). "La valoración no se puede dejar en manos de alguien que no está formado, porque es peligroso", asevera. 

Botiquín los con los instrumentos médicos necesarios para la medición de las constantes vitales de los trabajadores de Asispa. PÚBLICO

Sobre las mediciones más complicadas, como la reactividad pupilar o calcular si la orientación espacio/temporal de una persona mayor y/o dependiente entra dentro de los baremos normales, el doctor apunta que la clave es la formación que reciba el trabajador: "Todo el mundo se puede entrenar para todo". Eso sí, indica que éstos "no deberían de dejarse someter a determinados tipos de presiones". Todos los oficiales de Asispa consultados por este medio niegan haber recibido formación alguna sobre los instrumentos específicos que deben usar en la toma de constantes vitales. 

"Hay ciertas mediciones, como la evaluación de las pupilas, que no es fácil hacerlas aunque el método sea muy sencillo", expone en este caso un delegado sindical del Samur, que acompaña habitualmente a estos trabajadores cuando la emergencia sanitaria del usuario está clara y debe efectuarse una apertura del domicilio. "Hay que saber las complicaciones de cada técnica, como con el pulso: no es igual un pulso constante que un pulso que suena arrítmico. Si no tienen una formación sanitaria no están cualificados", reafirma.

El precio de la dependencia low cost

Uno de los trabajadores de Asispa que han alertado de su situación a Público ha elevado una instancia ante el Ayuntamiento de Madrid denunciando la situación. El equipo de Manuela Carmena adjudicó en abril el contrato de los tres lotes en los que dividió el servicio de teleasistencia del Ayuntamiento por unos 61 millones de euros, cuando lo había licitado por 88 en noviembre de 2016.

La competición por lograr uno de los lotes (cada empresa solo podía ofertar por uno de ellos) ha terminado beneficiando a las empresas que priman la explotación con menos recursos por encima de la calidad del servicio. "Ha habido un montón de recortes, hace cuatro o cinco años éramos el doble de personas para atender a los mismos usuarios", asegura en este sentido otro profesional de Asispa.

"A la empresa le da igual cómo tratemos a los usuarios, solo le importa el tiempo de reacción", revela un trabajador

"A la empresa le da igual cómo tratemos a los usuarios, solo le importa que apretemos el botón, que es lo que queda registrado, para luego pasarle al Ayuntamiento esos tiempos", continúa. En este servicio, los usuarios disponen de un dispositivo con un botón que deben apretar en caso de alarma: en ese momento empieza a contabilizarse el tiempo que los trabajadores de la empresa concesionaria tardan en llegar al domicilio e intervenir. Para detener el crono, estos deben volver a pulsar el mismo botón que apretó el usuario en un primer momento. El tiempo de reacción es analizado posteriormente por el consistorio. 

"Imagínate que hay que levantar a una persona porque se ha caído, y que según la tabla de pesos, tenemos que ir dos oficiales, o tres —relata el mismo trabajador—. Lo que hacen es mandarte a ti solo en moto para ir apretando el botón, y a lo mejor el usuario está en el suelo dos horas, pero tú aprietas el botón y dejas registrado que has estado en el domicilio antes de media hora, aunque no puedas levantarle tú solo y no estés dando un auxilio real".