Los condenados hoy en la trama de corrupción de Hacienda, destapada en la década de los 90, tendrán que indemnizar a la Hacienda Pública con un total de 11.752 millones de pesetas, el equivalente a unos 75 millones de euros.

Además de las multas multimillonarias que incluyen las condenas, el fallo de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona desgrana las cantidades que fueron defraudadas por las diferentes sociedades y empresas que fueron inspeccionadas.

Sumas astronómicas que la sentencia recoge en pesetas, que era la moneda oficial en España cuando ocurrieron los hechos, entre finales de la década de los ochenta y principios de los noventa.

Las indemnizaciones a Hacienda tendrán que ser pagadas en una parte por las empresas que se beneficiaron de las inspecciones como responsables civiles subsidiarias.

Así, el fallo recoge que por la pieza del grupo Torras, el inspector jefe de Hacienda José María Huguet, el inspector Manuel Abella y el asesor fiscal Juan José Folchi tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente a Hacienda con 837,5 millones de pesetas por la cuota del Impuesto de Sociedades que quedó sin tributar en las facturas emitidas por ACIESA.

También con otros 579,8 millones de pesetas correspondiente a cuotas defraudadas por el Impuesto de Sociedades y 73,6 millones de pesetas por cuota de IRPF defraudada en intervenciones inmobiliarias de ACIESA.

Respecto a las inspecciones de Beaming la indemnización a Hacienda es de 670 millones de pesetas y por las facturas emitidas por PINYER otros 400,1 millones de pesetas.

La sentencia detalla que las inspecciones minoraban la base imponible del Impuesto de Sociedades de algunas empresas considerando gastos deducibles cosas que no lo eran con el fin de que pagaran menos impuestos.

Las facturas emitidas por Sociedades de Figueras defraudaron 1.066,2 millones que tendrán que ser indemnizadas conjunta y solidariamente por José María Huguet y Juan José Folchi, con responsabilidad civil subsidiaria de las empresas Estudios de Mercado y Financiación, Ingeniería e Industrial Estudios SA, Forestal Estudios SA y Estudios Generales de Ingeniería SA.

En relación a la pieza de las empresas del Grupo Núñez y Navarro, el tribunal condena al constructor y ex presidente del FC Barcelona, José Luis Navarro Clemente y a su hijo, y al inspector Manuel Abella y a Salvador Sánchez a pagar conjunta y solidariamente 1.500,5 millones de pesetas, importe de las cuotas que a consecuencia de las inspecciones tributarias realizadas por Abella dejaron de ser ingresadas en Hacienda.

En la pieza del Grupo Ibusa, el tribunal ha condenado al empresario y ex político Eduard Bueno, Francisco Colomar y Manuel Abella a indemnizar a Hacienda con 562,8 millones de pesetas.

En el caso de las inspecciones indebidas a las empresas del Grupo Kepro, se condena al ex inspector Alvaro Pernas y a Juan Antonio Sánchez Carrete a indemnizar a Hacienda con cantidades que deberá dictar un perito de Hacienda, que tendrá que evaluar la diferencia entre las cantidades que conforme a la legalidad vigente se debieron declarar y las efectivamente declaradas.

El ex inspector de Hacienda Alvaro Pernas también ha sido condenado a indemnizar a Hacienda en 621,6 millones de pesetas por el perjuicio causado por su insolvencia.