El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el jueves la reforma de la Ley de Seguridad Vial, que incorpora la reducción del importe de las multas en un 50% si el conductor sancionado realiza el pago en un periodo de tiempo inferior a 15 días tras la infracción.

Se establecen también varios cambios en el sistema de puntos con el objetivo de que su pérdida se asocie directamente a conductas negligentes de considerable importancia.

De este modo, dejarán de restar puntos actos como el aparcamiento en un carril bus. Sin embargo, pasarán a restar puntos el uso de inhibidores de radares o la alteración del limitador de velocidad.

Además, a petición de CiU, los conductores que entren en ciudades como Barcelona, con límite en sus autopistas de acceso en 80km/h, sólo perderán puntos si circulan a velocidades superiores a los 130km/h.

Asimismo, cambia también el número de puntos que el conductor puede recuperar asistiendo a cursos específicos. Con la nueva ley el máximo, establecido con la anterior norma en 4, pasa ser de 6 puntos.

Según el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, esta reforma aumenta la eficacia y la agilidad del sistema sancionador, con su inmediato efecto pedagógico.

"Si la quiere pagar porque entiende que ha incumplido lo podrá hacer más rápido y más barato, si quiere recurrir porque entiende que sus derechos han sido lesionados, lo podrá hacer mejor, si quiere aprovechar la hojarasca administrativa para escabullirse, lo va a tener peor", advirtió el titular de Interior.

Sin embargo, el Partido Popular acusó al Gobierno de haber promovido esta reforma con el objetivo de incrementar la recaudación con las sanciones.

"Creemos que de lo que estamos en realidad hablando es de un nuevo reglamento general urgente de recaudación de multas de tráfico, aunque intente disimularse como una reforma de la ley de tráfico y seguridad vial", denunció el diputado 'popular' Federico Souvirón.