La ley belga que castiga los insultos al rey es inconstitucional. Así de rotundo se ha mostrado el Tribunal Constitucional de Bélgica respecto al llamado caso Valtonyc. Un dictamen que dificulta la extradición del cantante, sobre el que pesa una euroorden emitida por España por injurias contra la Corona. 

Según el Tribunal Constitucional belga y atendiendo a la normativa de 1847 que castiga con hasta tres años de cárcel a aquellos que insulten al rey, es inconstitucional porque no respeta la libertad de expresión. En concreto, el alto tribunal ha señalado que la ley belga sobre delitos contra la Corona "no satisface una necesidad social urgente y es desproporcionada con el objetivo de proteger la reputación de la persona del rey". Por lo que ha determinado que dicha ley no se ajusta a la Constitución del país ni al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Se trata, por tanto, de un balón de oxígeno para el rapero. Una sentencia que aplaza su extradición, pese a que la decisión final todavía está en manos del Tribunal de Apelación de Gant, que en septiembre de 2020 elevó la cuestión antes de tomar una decisión sobre su entrega a España, alegando que Bélgica cuenta con una norma del siglo XIX que castiga las ofensas al monarca.

"Desde siempre he tenido claro que quería poner mi caso en manos de los derechos fundamentales por beneficio colectivo. Lo hemos conseguido, hemos ganado y Bélgica elimina las injurias a la corona del código penal. Yo no agaché la cabeza pero vosotros no me habéis dejado solo", ha esgrimido el cantante a través de sus redes sociales.

Las partes están citadas nuevamente el 23 de noviembre para tomar una decisión sobre su entrega a la Justicia española, que le reclama tras ser condenado por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

El cantante huyó de España en junio de 2018 tras ser condenado por la Audiencia Nacional por delitos de enaltecimiento del terrorismo a dos años de cárcel y a un año y medio más por injurias a la Corona, una sentencia dictada por delitos cometidos entre 2012 y 2013 y posteriormente confirmada por el tribunal Supremo. Su entrega ya fue rechazada por la Justicia belga en primera instancia hace tres años.