Publicado: 05.03.2014 18:46 |Actualizado: 05.03.2014 18:46

El Constitucional y Cospedal ignoran la exigencia europea sobre los sueldos de los diputados

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Un informe del Consejo de Europa, publicado hace un año con el título "Democracia local y regional en España", pide a la autoridades españolas "revisar la legislación con el fin de establecer normas de remuneración de los miembros de los parlamentos de las Comunidades Autónomas, que les permitan desempeñar sus funciones". El texto fue elaborado por un Comité de Expertos que visitó España entre el 6 y el 8 de junio de 2012, con el propósito -plasmado en el título- de evaluar el estado de la democracia local y regional de nuestro país y coincidiendo con la convulsa redacción de la ley de reforma local por parte del Gobierno, así como con la reforma de las Administraciones Públicas que dirige la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Uno de los puntos más polémicos de la norma local -que en el texto aprobado por las Cortes en diciembre tampoco queda despejado- son las remuneraciones de los alcaldes. El informe del Consejo de Europa insiste mucho en este aspecto y en el de las remuneraciones de los parlamentarios autonómicos, alertando incluso contra "la gran disparidad en los sueldos de los cargos electos locales y la reducción de las dietas de los diputados en los parlamentos regionales". 

A pesar de estas recomendaciones del Consejo de Europa (en el que España participa con 24 representantes en el Congreso de Poderes Locales y Regionales (CPLR), responsable del citado informe), la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, optó en 2012 por suprimir las retribuciones fijas que, hasta 2013, percibían los parlamentarios autonómicos (entre 2.800 y 3.000 euros por su dedicación exclusiva a la política). Esta misma semana, también el Tribunal Constitucional (TC) avaló la medida de Cospedal -que en su día no contó siquiera con el apoyo unánime del PP- al rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 senadores del grupo socialista.

La decisión del TC, en sentido contrario a lo que propugna el Consejo de Europa en su informe, se basa en que la supresión de los sueldos a los parlamentarios castellano-manchegos no ha derivado en el "menoscabo de la función legislativa o de control de la acción de gobierno, (...) no se obstaculiza la tramitación de enmiendas, (...) ni se ponen limitaciones a la solicitud de información, a la formulación de preguntas o a la petición de comparecencias".

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro colaboró con las autoridades del Consejo para la realización de un informe que, según los representantes de esta organización internacional, trata de dar coherencia a las retribuciones de los cargos públicos autonómicos y locales para que sus sueldos sean acordes con su función de servicio público, premisa que Cospedal y el Constitucional han despachado por la vía rápida: eliminando las nóminas de los parlamentarios de Castilla-La Mancha. La decisión de la también secretaria general del PP casa mal con la campaña electoral de este partido, dirigida por ella misma y centrada en resaltar las bondades de la integración y políticas europeas.