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El control a la prensa enfrenta al chavismo

La oposición opina que la ley de delitos mediáticos ataca a la democracia

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La propuesta de Ley especial contra los Delitos Mediáticos tramitada el viernes por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, a la Asamblea Nacional, ha abierto una fuerte controversia entre los propios seguidores del presidente Hugo Chávez, muchos de los cuales la consideran "inapropiada". "La ley está fuera de lugar y es horrorosa", dijo a Público fuentes próximas al Gobierno venezolano.

"La prensa próxima al proceso revolucionario también podría acabar en los tribunales de justicia", recalcaron las mismas fuentes.

La ley promovida por la fiscal propone penas de prisión a quien divulgue informaciones que puedan atentar contra "la estabilidad de las instituciones del Estado, la paz social, la seguridad e independencia de la nación, la salud mental o moral pública y el orden público, o que generen sensación de impunidad o de inseguridad entre la población".

El texto acaba de comenzar a debatirse en el seno de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional de Venezuela. Luisa Ortega desmintió ayer que esta norma establezca privaciones de libertad. "Las sanciones son establecidas por los códigos penales y esta ley no lo plantea porque eso es un trabajo expreso de la Asamblea General".

Sin embargo, el anuncio de la proposición de ley está siendo fuertemente criticado fuera de Venezuela. La organización estadounidense de derechos humanos Human Rights Watch considera que se trata de una "receta para la censura" incompatible con la libertad de expresión.

El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, respondió que ante el "envenenamiento" que algunos canales (por Globovisión) insuflan a la sociedad venezolana "es agradable que, por vía de una ley, se pueda hacer algo".

Las palabras de Cabello contrastran con las opiniones del Colegio de Periodistas de Venezuela, de la Sociedad Interamericana de Prensa y de la Organización Internacional de Radiodifución. Todos califican la propuesta de ley como "un ataque a la democracia"