El presunto cabecilla de la "red Gürtel", Francisco Correa, buscaba desde 2008 inversiones inmobiliarias en Colombia para blanquear los recursos económicos de la trama de corrupción, según se desprende de la declaración ante el juez del empresario colombiano Miguel Uriel Hernández.

Hernández, que fue detenido el pasado 30 de junio en Madrid por sus posibles vinculaciones con la trama, quedó en libertad tras declarar durante más de cuatro horas ante el instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que le imputa los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

En su declaración policial, anterior a la prestada ante Pedreira y a la que ha tenido acceso EFE, el empresario colombiano, que preside y es accionista mayoritario de varias empresas (Energing, Distasa y Senercol) del sector energético en Colombia, Venezuela y Panamá, explicó que Correa le visitó entre septiembre y octubre de 2008 porque quería conocer a empresarios de su país.

El abogado Gabriel Giraldo y el ex vicepresidente de Repsol-YPF José Ramón Blanco Balín, con quien -según los informes policiales- Hernández trabajó en varios proyectos, le presentaron a Correa como un empresario "serio y solvente" y le pidieron que le atendiera para darle una visión de la situación económica de Colombia.

A partir de entonces, Correa visitó varias veces a Hernández Chavarro para que le asesorara sobre proyectos en los que pudieran invertir conjuntamente, por separado o con otros inversores que facilitaría el cabecilla de la "red Gürtel".

Éste mostró su interés por el sector inmobiliario o centros comerciales que tuvieran renta, por lo que Hernández le presentó uno de sus proyectos: un hotel de 10 pisos y 600 habitaciones, en el que Correa dijo que podría tener algunos socios para invertir.

También quiso participar en este proyecto la cadena NH Hoteles, aunque, según Hernández, la crisis económica en España impidió que se concretara la negociación.

Otro de los proyectos en los que Correa quería colaborar era un plan de fibra óptica en las líneas de transmisión de energía que se presentó a las autoridades de Cuba, aunque el negocio no "cuajó" por la incapacidad económica del gobierno cubano.

En este caso, Correa estaba interesado en introducir a un familiar suyo, su primo Antoine Sánchez, también imputado en la causa y actualmente en prisión, de quien aseguró que era especialista en temas de fibra óptica.

Hernández también admitió que Correa realizó una transferencia bancaria de 100.000 dólares procedentes de una de sus sociedades a una cuenta bancaria de sus empresas para reintegrar los gastos y prestamos que le hizo durante cuatro meses.

El empresario justificó esos prestamos asegurando que Blanco Balín y Giraldo le dijeron que Correa podía tener problemas para trasladar su dinero a Colombia, pero que no tuviera la menor duda de que le iba a pagar.

Durante tres o cuatro meses, Hernández llegó a prestar a Correa unos 40.000 dólares para gastos personales ("buenos hoteles, viajes en Bussines, restaurantes, etc.").

Miguel Hernández también reconoció que Correa le dijo que quería obtener la residencia en un país que no fuera el suyo porque nunca había pagado impuestos en España y eso era un "tema penal muy serio".

No obstante, aclaró que no realizó ninguna gestión para facilitar que consiguiera la residencia en un país suramericano, aunque sí admitió que en alguna conversación pudo haberle dicho que "miraría cómo era el tema de Venezuela".