Son capaces de ponerse en pleno verano un jersey de lana o de coger un autobús sin preocuparse de cuál es su rumbo. Las personas con enfermedades mentales, como la esquizofrenia, logran deshacerse de las alucinaciones y vivir en la misma realidad que quienes les rodean gracias a la medicación que toman. Pero muchos de ellos necesitan que alguien les recuerde que deben tomarse las pastillas.

Sólo entre el 30 y el 40% de las personas con enfermedad mental podrán beneficiarse de la ley de Dependencia, según calculan la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) y la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES). Estas organizaciones denuncian que los baremos establecidos para evaluar hasta qué punto las personas se valen por sí mismas, “se centran en patologías de dependencia motora y no mentales”.

Invisibles

“Son dependientes hasta el punto de ser capaces de beberse 13 litros de agua seguidos, y alguien tiene que evitarlo. Nuestro miedo es que los valoradores no conozcan estas situaciones plenamente”, explica Rosa Ruiz, gerente de FEAFES.

El baremo de Valoración de la Dependencia fue aprobado en abril de 2007 mediante un Real Decreto. Consensuado entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), el baremo es un cuestionario que los valoradores seleccionados por cada comunidad autónoma deben rellenar, teniendo en cuenta los informes sobre la salud de la persona y sobre el entorno en el que vive.

Las respuestas se puntúan y según el número global se determina en qué medida el enfermo es una persona dependiente. Si alcanza una puntuación mínima de 25, podrá recibir ayudas económicas directas (hasta 780 euros) o, por ejemplo, plazas gratuitas en centros de día, residencias o pisos tutelados.

El grado de dependencia más bajo va de 25 a 49 puntos. El dependiente severo, que puede recibir ayudas desde que empezó el año, sumará de 50 a 74 puntos. A las personas con gran dependencia, las primeras que empezaron a recibir ayudas, tendrán una puntuación de 75 a 100.

Una ley necesaria, pese a todo

“Es la ley que necesitábamos, aunque habrá que modificar algunos reglamentos”, valora el presidente de la Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), Emilio Marmaneu. Éste confía en que las imprecisiones de la ley se solucionen “con la práctica”.

La ley de Dependencia es compleja y ambiciosa. Su aplicación depende del empeño de las comunidades autónomas. Varía mucho el porcentaje de ayudas que cada comunidad asegura haber dado —del 2,3% de Catalunya al 55­% de Madrid—. La media estatal que cifra el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que hace sus cálculos en base a la suma de lo que paga a cada comunidad, es del 51%.

También varía mucho el tiempo que los distintos gobiernos regionales han tardado en adaptar su normativa a la ley. Por ejemplo, Navarra empezó a valorar las solicitudes el mismo día que la ley entró en vigor. En cambio, Madrid y la Comunidad Valenciana lo hicieron en diciembre, según justifican, porque ya ofrecían ayudas propias y por problemas con la administración central. En Canarias explican que todavía no han elaborado un decreto que regule las ayudas.