El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, incluye en su extenso articulado el compromiso de elaborar una nueva normativa para proteger a los clientes de las entidades financieras. En particular, llama la atención que el Gobierno anuncie el establecimiento de normas de conducta para promover 'prácticas de concesión responsable de créditos'; entre ellas, la atención a los ingresos del usuario y de su capacidad de pago, así como la valoración 'independiente' de las garantías inmobiliarias y la consideración de distintos escenarios de evolución de los tipos de interés. El enunciado es una clara referencia a los excesos cometidos en el pasado por las entidades financieras en el proceso de concesión de préstamos hipotecarios, y que acabaron por generar la burbuja inmobiliaria. La nueva normativa será aprobada en un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley.

Además, el texto endurece sustancialmente el régimen disciplinario de la entidades financieras, elevando las sanciones para las distintos tipos de infracciones, tanto en lo que se refiere a la responsabilidad de las entidades como de los directivos. Así, por ejemplo en las infracciones muy graves, se incrementa la multa máxima de 300.000 euros a un millón; y para los administradores, de 150.000 euros a 500.000.

La Ley de Energías Renovables se retrasa hasta el próximo otoño

El anteproyecto consta de 137 artículos y 59 disposiciones (ocho adicionales, ocho transitorias, 42 finales y una derogatoria), y está guiado por ocho principios: mejora de la competitividad, estabilidad de las finanzas públicas, fomento de la capacidad innovadora de las empresas, ahorro y eficiencia energética, promoción de las energías limpias, racionalización de la construcción residencial, extensión y mejora de la calidad de la educación y fortalecimiento y garantía del Estado Social. Con esos ejes, el anteproyecto desarrolla un amplio paquete normativo para lograr 'un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva'.

Entre otras novedades, el texto incluye las siguientes:

Rehabilitación de la vivienda. Para las obras de mejora o ampliación, el propietario podrá seguir deduciéndose el máximo actual de 9.015 euros cada año, sea cual sea su base imponible, con dos condiciones: que ya haya pagado parte de esa reforma antes del 1 de enero de 2011 y que esas obras 'estén terminadas antes de 1 de enero de 2015', según una disposición adicional que modifica la Ley del IRPF.

El texto endurece el régimen sancionador del regulador bursátil

Ciencia e Innovación. Se facilita la conexión entre los sectores público y privado en materia de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología. Hasta ahora, tanto la creación de empresas spin-off basadas en resultados de investigación de organismos públicos como la explotación de las patentes generadas fuera del ámbito público se enfrentaban a vacíos legales y obstáculos de los propios organismos.

Energía. El Gobierno se compromete a tramitar una Ley de Energías Renovables que remitirá a las Cortes, como pronto, el próximo otoño (estaba prevista para este año).

Sueldos. Las empresas cotizadas estarán obligadas a detallar pormenorizadamente las remuneraciones de sus consejeros y ejecutivos, pero no los de sus altos directivos (la segunda línea de gestión). Deberán presentar un informe a la junta, que lo votará sin carácter vinculante.

Reguladores. Los guardianes de la competencia, las telecomunicaciones, la energía y el servicio postal tendrán cinco consejeros, aunque con voto de calidad para sus respectivos presidentes, que deberán reunirse cada año para coordinar sus políticas. Los vocales tendrán un mandato de seis años improrrogable que se renovará de forma escalonada.

Sanciones de la CNMV. La ley endurece el régimen sancionador del supervisor bursátil. Ante una posible infracción, se tendrán en cuenta 'las consecuencias desfavorables de los hechos para el sistema financiero o la economía nacional'; y 'la importancia de la entidad correspondiente, medida en función del importe total de su balance'. Además, 'se garantiza la protección al inversor' aunque 'no haya obligación de publicar el correspondiente folleto' de emisión de un valor determinado.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho explicó ayer que espera que sea posible retomar el diálogo social tripartito “cuanto antes”. En su opinión, a la mesa de diálogo se debería acudir con una “agenda muy abierta” y se deberían abordar “reformas en un sentido amplio”. Entre las medidas a discutir, el ministro citó la reducción de la jornada, la introducción de más flexibilidad en los convenios colectivos, la transposición de la directiva de empresas de trabajo temporal, la intermediación en el mercado laboral y el absentismo. Además, Corbacho, que estaba en una reunión de ministros de empleo en Bruselas, adelantó que el paro volvió a aumentar en noviembre pero a menor ritmo que hace un año, lo que, cree, indica que el ajuste económico está en su “fase fi nal”. “Va a haber una atenuación del desempleo”, añadió.