Las farmacias de zonas rurales de Castilla-La Mancha son las principales afectadas por los impagos de la Junta de Castilla-La Mancha y las primeras que sufren problemas de abastecimiento o suministro, por lo que sus dueños han de hacer equilibrios para seguir dispensando medicamentos.

La Agencia Efe ha consultado a ocho farmacéuticos de la comunidad autónoma, en su mayor parte de pequeños pueblos, y ha comprobado que cada uno de ellos aplica estrategias diferentes para resistir a una situación que comenzó en el mes de mayo y que no tiene visos de solucionarse a corto plazo.

Fernando López, farmacéutico de Salmerón, un municipio de 200 habitantes de Guadalajara, confiesa que las baldas de su establecimiento están medio vacías desde hace días, pues ha tenido que ir dispensando los medicamentos que tenía en stock para hacer frente a la demanda de los vecinos.

López conoce que la falta de suministro está sancionada por la Ley del Medicamento, con sanciones que pueden alcanzar hasta el millón de euros, pero se pregunta "por qué la ley no aclara dónde está el límite de dispensar si conlleva la ruina del propietario".

El farmacéutico, al que la Junta le adeuda alrededor de 50.000 euros, también critica que el Ejecutivo no les ofrezca un calendario de pagos o les reconozca la deuda, algo que les permitiría acudir a las entidades financieras con facilidad.

Carmen Arroyo, titular de una farmacia en Burguillos, una pequeña localidad situada a pocos kilómetros de Toledo capital, explica a Efe que acaba de solicitar una póliza personal para poder adelantar parte del dinero que debe a los distribuidores y añade que ya ha renunciado a dispensar algún que otro medicamento.

"Pedimos medicamentos con cuentagotas", añade Arroyo, quien recuerda que no todo el mundo puede pedir créditos a los bancos y deja claro que no se trata de un asunto político contra el nuevo Gobierno. "Yo voto PP y los otros (el PSOE) han hundido esta región", enfatiza.

"Esto es un desastre, un desastre", lamenta la farmacéutica, quien recuerda que su caso es similar al del "80 ó 90 por ciento" de sus compañeros, pues la mayor parte de las oficinas de la comunidad son pequeñas y atienden en zonas rurales o barrios de las ciudades.

Una de ellas es la de María del Carmen Ibáñez, situada en Cabañas de la Sagra (Toledo), un municipio de 2.000 habitantes, en la que hay medicamentos que ya no se pueden adquirir si no es por encargo.

Ibáñez pone un ejemplo de esta falta de abastecimiento y señala que ayer la cooperativa farmacéutica Cofares, encargada de distribuirle los medicamentos, le entregó sólo la mitad del pedido.

"Es imposible soportar el pago de los medicamentos de todo el pueblo", señala esta farmacéutica, que teme que su hija, que ahora trabaja con ella en la farmacia y que, previsiblemente, se hará cargo en el futuro del negocio, herede esta situación.

La realidad de María del Carmen no coincide con la de Juan Soler, farmacéutico titular en Alcaraz, una localidad situada en la sierra de Albacete, quien ha escrito una carta a sus compañeros en la que les pide un voto de confianza a la Junta ante un problema que ha heredado por la gestión del anterior Ejecutivo.

Soler cree que es momento de "echar el resto" y sostiene que hay tres entidades financieras que ofrecen una línea de anticipos a las farmacias y asegura que a él le han admitido las recetas no cobradas como aval para concederle un crédito.

Pero Remedios Gámez, propietaria de una farmacia en Talavera de la Reina, explica que esta semana acudió a una de las entidades financieras propuestas por la Junta para solicitar el crédito y las condiciones que le solicitaron eran muy exigentes.

"Me piden las notas simples de mis bienes. Nadie paga un duro por nuestras farmacias y nosotros no podemos poner en peligro lo que hemos ahorrado en nuestra vida. No sé si por eso nos pueden llamar egoístas o prepotentes", señala Gámez, que fue diputada del PP.

Esta farmacéutica tiene empleados a cuatro trabajadores y teme que tenga que despedir a alguno de ellos ante la incapacidad de hacer frente a sus sueldos.

Lo mismo le ocurre a Pedro Carmona, propietario de una farmacia en Albacete, al que no solo le inquieta tener que despedir a alguno de sus trabajadores sino también que el trato a los clientes se vea perjudicado.

Carmona relata que atiende cada mes a dos pacientes terminales que utilizan medicamentos cuyo coste asciende hasta los 3.000 euros y, desde hace unos meses, no puede entregárselos del stock sino que tiene que pedirlos cada vez que se los solicitan.

Este farmacéutico, que tuvo que hacer una fuerte inversión hace ocho años para hacerse cargo de esta botica, ha decidido acudir a su banco "de toda la vida" para solicitar una línea de crédito con la que hacer frente al impago de los medicamentos.

"Las condiciones de las entidades que propone la Junta no son más favorables de las otras, así que he decidido ir a mi banco", señala Carmona.

Más grave es la situación de Elisa Escobar, que trabaja en la farmacia que posee su marido en Retuerta del Bullaque, un pueblo del norte de Ciudad Real, junto al Parque Nacional de Cabañeros, y que cuenta que subsisten gracias al dinero que les presta su familia.

Escobar dice que la Junta ya le debe más de 80.000 euros y reconoce que ha renunciado a dispensar medicamentos caros y que el próximo mes tendrá que dejar de vender otros.

"Con todo el dolor de mi corazón y con miedo a que la gente del pueblo se nos eche encima", añade tras indicar que ya le han rayado el coche y de quejarse de que parezca que "los malos" son los farmacéuticos y que todos son ricos.

Escobar ha retrasado pagos a la cooperativa que le sirve y que, según relata, le cobra un interés del 15%, mucho mayor que el 3% que le cobran a Mariví del Vigo, farmacéutica de Noez, que ya lleva dos meses sin pagar los medicamentos que recibe.