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La Fiscalía cree que no se deben criminalizar los escraches pero se mantiene "vigilante"

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dice que hay que respetar las "manifestaciones y reuniones donde haya críticas" y que va a analizar los escraches "solo cuando tengan trascendencia penal"

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El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también se ha pronunciado sobre los polémicos escraches de la Plataforma  de Afectados por la Hipoteca al asegurar que no debe 'criminalizarse' cualquier acto de reunión o manifestación en el que haya críticas, 'incluso de libertad de expresión', pero ha advertido también de que en la Fiscalía no van a ser 'insensibles' ni van a quedarse 'pasivos' ante 'cualquier desbordamiento' de esos derechos.

Así lo ha dicho este viernes en Santander, donde ha indicado que en la Fiscalía están siendo 'muy vigilantes' para establecer un criterio de 'proporcionalidad' entre los derechos de reunión y manifestación --que 'forman parte importante de la vida democrática de un país'-- y el respecto a derechos individuales como la intimidad, privacidad y la propia imagen.

'Ni debe criminalizarse cualquier momento de reunión o de manifestación en el que se establezcan críticas, incluso de libertad de expresión, pero tampoco vamos a ser insensibles ni vamos a quedarnos pasivos ante cualquier desbordamiento de esos derechos, que no son en modo alguno absolutos', ha sentenciado Torres-Dulce, que ha precisado que estos últimos 'no tienen mayor ni menor preferencia que los derechos fundamentales individuales, que son tan importantes para la convivencia como lo son los derechos de manifestación y reunión'.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la entrega de los Premios Europeos a la Seguridad en Construcción, el fiscal general del Estado ha indicado que la Fiscalía va a analizar los escraches 'solo cuando tengan trascendencia penal' y lo hará, ha apuntado, con 'absoluta imparcialidad' y carácter 'individualizado', y teniendo en cuenta además la 'proporcionalidad necesaria' entre los derechos individuales y los derechos a reunirse y manifestarse.

También ha recordado que en el Código Penal están previstos los supuestos de coacciones, amenazas e intimidaciones de carácter 'grave' a miembros del parlamento para que cambien el sentido del voto, así como el resto de tipos penales de coacciones y amenazas que, como ha insistido, la Fiscalía va analizar de forma individualizada y teniendo en cuenta la proporcionalidad entre los distintos derechos.

'Somos sensibles -ha dicho- al respeto de derechos tan importantes para la convivencia democrática como expresiones de crítica política, derechos de reunión y manifestación, como a los derechos individuales, que forman parte de la convivencia ciudadana, que tienen sus límites en el Código Penal y que deben ser respetados por todos'.

Tras señalar que las decisiones para el mantenimiento del orden público en la vía pública corresponde al Ministerio del Interior y a las policías autonómicas y locales, Torres-Dulce se ha mostrado respetuoso con las decisiones que adopten estos organismos al respecto.

'Yo no comento decisiones de carácter político administrativo', ha sentenciado, antes de recordar que él mismo ha pedido respeto a estos organismos hacia la Fiscalía.