La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá 30 años de prisión para el etarra Urtzi Murueta por el asesinato del juez de la Audiencia Provincial de Vizcaya, José María Lidón, el 7 de noviembre de 2001, en el juicio que se celebrará mañana en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía acusa a Murueta de un delito de asesinato terrorista como autor por cooperación necesaria al ser quien encargó al también miembro de ETA Orkatz Gallastegi Sodupe, ya condenado por estos hechos, recabar información sobre el Magistrado, según señala el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales.

Gallastegi hizo el seguimiento del juez durante dos semanas, en días alternos, y obtuvo información sobre el horario habitual de salida de su domicilio, vehículo en el que se desplazaba, itinerario que seguía hasta su trabajo y las medidas de seguridad con que contaba.

Estos datos le fueron entregados al procesado, quien, a su vez, se las trasladó a los encargados de ejecutar el asesinato, que presuntamente fueron Hodei Galarraga y Egoitz Gurrutxaga, ambos muertos el 23 de septiembre de 2002 cuando manipulaban un artefacto en el interior de un vehículo en Bilbao.

En el automóvil, la Policía halló la pistola semiautomática de la marca Astra, que fue identificada como el arma que se utilizó para matar al juez, quien fue tiroteado por dos individuos cuando salía del garaje de su domicilio en Getxo (Vizcaya), conduciendo su propio vehículo y en compañía de su mujer.

Gallastegi, además de facilitar a Murueta la información necesaria para asesinar al juez de la Audiencia Provincial de Vizcaya, le hizo llegar otras del concejal del PP de Getxo y de dos ediles de la localidad vizcaína de Berango, uno del PP y otro del PSE.

Estas informaciones eran depositadas en dos "zulos" en el monte de la Ikastola Ander Deuna, de donde eran recogidas por el acusado, que se las remitía a los responsables de ETA encargados de planificar los atentados.