Mientras el fiscal general y los afectados por el llamado Caso Urbanor criticaron hoy la sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno afirmó que respeta la decisión.

El Tribunal Constitucional anuló ayer la condena de tres años y cuatro meses de prisión que el Tribunal Supremo había impuesto hace casi cuatro años a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer (conocidos como "Los Albertos") por estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor.

Alberto Cortina y Alberto Alcocer han recibido hoy numerosas felicitaciones y han dado instrucciones a sus abogados para que estudien y en su caso defiendan sus derechos en todas las instancias nacionales e internacionales que procedan.

Mientras tanto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mostró su posición de "respeto" a la decisión del Tribunal Constitucional de anular la condena a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer por estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de Urbanor.

En una entrevista con RNE recogida por Efe, Fernández de la Vega ha señalado que, aunque entiende que "decisiones de esta naturaleza pueden provocar cierta inquietud", al dar la sensación de que puede haber "dos tipos de justicia", los ciudadanos "tenemos que acostumbrarnos a respetar la decisiones de los jueces".

La secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, afirmó que la absolución de "los Albertos" por el caso Urbanor debería servir para replantear "determinadas" legislaciones que evitaran la prescripción de ciertos delitos.

Rodríguez-Piñero insistió en que el PSOE "acata y respeta" las sentencias porque cree en la independencia del poder judicial, "no así como el PP, que cree o no en función de si le gusta el resultado de la sentencia".

En cambio, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, discrepa "total, radical y profundamente" de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Conde-Pumpido ha recordado la acusación mantenida por el Ministerio Fiscal en este caso al estimar que han existido los delitos de estafa y falsedad y que los hechos no han prescrito, según la doctrina del Tribunal Supremo.

El fiscal general, tras expresar su respeto por la sentencia, ha calificado la resolución de "muy preocupante" ya que "da la vuelta" al derecho de tutela judicial efectiva que debe proteger en materia penal a los perjudicados y a las víctimas, ha dicho.

Para Conde-Pumpido, se incurre en un exceso de jurisdicción y resulta preocupante que se considere los hechos como prescritos en contra del criterio del Tribunal Supremo.

Tras indicar que la sentencia del TC "no es la más adecuada" para defender a las víctimas, el fiscal general ha señalado que "los condenados se quedarán con el dinero de la estafa".

Los perjudicados en el llamado caso Urbanor (28 accionistas vinculados al Grupo San Martín y Grupo Astor) recordaron en un comunicado que "Los Albertos" tienen pendiente el pago de 40 millones de euros.

"La decisión de la Sala II del Tribunal Constitucional no modifica las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo que declararon que "Los Albertos" habían estafado a sus socios minoritarios de Urbanor en la venta de los solares de Plaza Castilla", según los afectados.