Los funcionarios de justicia en Asturias han apoyado hoy mayoritariamente en referéndum el acuerdo firmado ayer por CCOO y UGT con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que pone fin a la huelga que desde el 4 de febrero han mantenido los empleados en las comunidades donde la competencias de justicia no están transferida.

En Asturias ha votado aproximadamente el 60 por ciento de la plantilla, y el resultado final ha arrojado 317 votos de apoyo al acuerdo, 215 en contra, 25 en blanco y 2 nulos.

El referéndum había sido convocado para hoy por CSI-CSIF y STAJ tras el acuerdo firmado por CCOO y UGT con el Ministerio, ya que estos dos sindicatos prefirieron esperar a conocer la opinión de los funcionarios antes de suscribirlo.

Precisamente UGT ha acusado hoy a CCOO de engañar en Asturias a los trabajadores de justicia al incumplir lo firmado ayer ante el ministro y convocar hoy un "vergonzoso" referéndum y no desconvocar la huelga.

Este sindicato ha acusado a Ignacio Quintana, coordinador de CCOO-Justicia en Asturias, "incumplir las propias instrucciones de su sindicato" y "organizar personalmente toda la campaña de difamaciones y atentados contra UGT llevados a cabo en Asturias a lo largo de todo el conflicto y, de forma especial, desde el pasado viernes".

Fernández Bermejo consiguió ayer "in extremis" cerrar un acuerdo con los sindicatos de Justicia que puede poner fin a la huelga que dura ya más de dos meses, un acuerdo que, sin embargo, generó una importante brecha en las centrales sindicales.

Los líderes de la función pública de UGT y CCOO -los dos sindicatos mayoritarios- decidieron firmar ayer por la tarde el documento y desconvocar la huelga.

El acuerdo supone para los funcionarios de Justicia no transferida un aumento salarial progresivo de 190 euros mensuales de aquí a julio de 2009 -pedían 200 con efectos retroactivos a 1 de enero de 2008-, así como una paga única de 480 euros a primeros del año que compense lo no cobrado hasta ahora.

En el pacto firmado por las cúpulas de CCOO y UGT, los funcionarios se comprometen también a poner al día el trabajo pendiente tras más de 60 días de huelga en un plazo de tres meses y a adaptarse a las nuevas tecnologías.