El Gobierno aprobó el sábado en Consejo de Ministros una serie de medidas para dinamizar el mercado del suelo y la construcción de vivienda protegida.

En una rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, anunció la constitución de una Comisión Interministerial sobre el suelo para impulsar la movilización de suelo propiedad del Estado para destinarlo a la política de vivienda.

El objetivo es que los terrenos del Estado que no se utilicen para uso público se destinen en su mayor parte a la construcción de vivienda protegida siempre que sean idóneos para uso residencial.

En este sentido, el Gobierno anunció un convenio entre los ministerios de Vivienda y Defensa por el que la entidad pública que gestiona el suelo (SEPES) adquirirá cuatro cuarteles con más de 38.500 metros cuadrados edificables para la construcción de 2.000 viviendas protegidas en los municipios de Madrid, Valencia y Sevilla.

En concreto, se adquieren los terrenos que actualmente ocupan el Parque de Ingenieros de Villaverde (Madrid), el Parque de Artillería y el Parque Central de Ingenieros de Valencia y el Regimiento de Artillería de Sevilla. Una vez adquiridos, la entidad pública los urbanizará para que al menos el 70 por ciento de los mismos puedan ser destinados a la construcción de vivienda protegida.

Adicionalmente, el Consejo ha dado el visto bueno a un informe presentado por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, sobre la oferta pública de compra de suelo y su urbanización.

En un momento de franca ralentización del negocio residencial en España, el Gobierno está dispuesto a comprar suelo a promotores para uso público por hasta 430 millones de euros.

De la Vega, que explicó que la cifra podrá ser incrementada en los próximos cuatro años, dijo que esta decisión supondrá una inversión total de unos 2.800 millones de euros para la compra de suelo, urbanización, construcción y promoción de entre 15.000 y 20.000 nuevas viviendas de carácter protegido.

Vivienda explicó que sólo se acometerán operaciones "económicamente viables y en las que SEPES tenga la iniciativa urbanística". El suelo se pagará a precio de vivienda protegida y los vendedores pueden presentar sus ofertas hasta el 29 de diciembre, momento a partir del cual la autoridad analizará las distintas pujas.

"Se trata de viviendas para ciudadanos con rentas más bajas, para que puedan acceder a una vivienda sin que su hipoteca o alquiler supere la tercera parte de sus ingresos", dijo De la Vega.