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El Gobierno no espera un ahorro si se computan 20 años para calcular la pensión

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Aumentar el periodo para calcular las pensiones, de los quince años actuales hasta veinte, en época de crisis económica supondría un ahorro prácticamente "inexistente", según ha admitido el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

El aumento del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones es una de las recomendaciones acordadas por la mayoría de los partidos que forman la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo (PSOE, PP y CiU), pese a que no han fijado un número concreto de años, que dejan en manos de la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales.

Según Granado, el Ejecutivo aún no tiene nada decidido al respecto, pero ha especificado que aumentar el cálculo a 20 años no supondría ahorro a corto plazo y sólo acarrearía un ahorro de alrededor del 3% a medio plazo.

El secretario de Estado ha asegurado que en Europa no se entiende la discusión que existe en España sobre este asunto, ya que, según ha dicho, es el país de la UE con el período de cálculo más reducido.

Granado considera que mientras que en España se discute si hay que extender o no el periodo de cálculo, el resto de los países europeos ya ha optado por tener en cuenta los últimos 25 años de cotización o toda la vida laboral.

En su opinión, aumentar el periodo de cálculo es un incentivo a que se cotice más y con mejores bases.

En cuanto a ampliar de los 35 años actuales a 40 años el tiempo establecido para cobrar el cien por cien de la pensión, Granado consideró que no supondría mucho ahorro porque hay un porcentaje importante de trabajadores que se jubilan con carreras de cotización muy largas.

Una de las medidas que más polémica suscita es el alargamiento de la edad legal de jubilación y, de hecho, la comisión del Pacto de Toledo ha plasmado sus discrepancias en el informe de recomendaciones.

En este sentido, Granado subraya que la única forma de conseguir prolongar la vida laboral, incluso voluntariamente, es alargar la edad legal de jubilación, algo que de aprobarse se haría de forma paulatina.

Al respecto, afirma que a veces la edad real de jubilación puede no prolongarse por parte de los empresarios, pese a que los trabajadores así lo quisieran.

Granado ha explicado que, según un artículo del Estatuto de los Trabajadores, es posible introducir una cláusula en los convenios para que aunque el trabajador quiera prolongar su vida laboral más allá de los 65 años, el empresario puede despedirle a esa edad sin indemnización.

Aunque insiste en que todavía no se ha concretado nada, el Gobierno también tiene previsto tomar medidas para subir la edad mínima de las prejubilaciones, que actualmente es de 52 años.

El secretario de Estado aboga por una jubilación flexible, aplicando diversas fórmulas que el Gobierno discutirá con los agentes sociales, aunque adelanta que en este punto están en desacuerdo tanto los sindicatos como los empresarios.

Según dice, en dos años ha aumentado 6,5 puntos el número de las personas que han optado por jubilarse después de los 65 años, lo cual supone que incentivar la prolongación de la vida laboral es una medida positiva y, por tanto, habrá que hacer algún esfuerzo en esta dirección.

Sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo, Granado considera que este pacto no debe convertirse en la antesala de ningún proyecto de ley y que debe hacer resoluciones que sirvan en el futuro a cualquier gobierno, ya sea del PSOE o del PP, o de lo contrario, no sobrevivirá.